La Justicia del estado mexicano de Jalisco solicitó la detención de Ricardo La Volpe, entrenador del Club América, por el caso de supuesto acoso sexual a una podóloga del equipo de Chivas de Guadalajara, cuando el técnico argentino estaba al frente de esa institución.
La Volpe fue denunciado en 2014 por una podóloga.
El argentino fue acusado en mayo de 2014 por Alma Belén Coronado por haber querido “sobrepasarse” con ella luego de solicitarle un servicio de cuidado de pies en las instalaciones del club cuando ambas trabajaban para esa institución. Ahora la Fiscalía General asegura que se obtuvieron pruebas que pueden acreditar que el entrenador cometió el delito.
La mujer que denunció a La Volpe.
Para La Volpe, esa acusación provino del dueño de Chivas, Jorge Vergara, quien lo presentó como técnico de su club el 2 de abril de 2014 y el día 30 de ese mismo mes lo despidió por "conducta inapropiada", tras la denuncia de la podóloga. En aquel entonces La Volpe demandó al club por despido injustificado.
Tras la reapertura de la causa, La Volpe creó una cuenta oficial de Twitter a través de la cual se refirió a la denuncia y apuntó contra Vergara, quien tiempo atrás volvió a reactivar la polémica en una entrevista. “Yo no tengo nada que arreglar con él, que primero se arregle con la señorita Coronado”, señaló.
Sin embargo, para el técnico argentino, detrás de esta situación se esconden intereses particulares. "Qué casualidad que @jorgevergara y sus abogados retoman viejo caso ocurrido en @Chivas cuando les gano con @ClubAmerica en Liguilla”, escribió en su cuenta de Twitter.
Es que para La Volpe, la Justicia responde a los intereses del presidente de Chivas. “Me apena que la @FiscaliaJal se ponga a las órdenes de @jorgevergara. Aprenda a perder en la cancha. #LaVolpedaLaCara”, expresó. Y agregó: “Siempre he señalado mi inocencia y no se ha permitido hacer la prueba de polígrafo que yo solicité”.
3. Siempre he señalado mi inocencia y no se ha permitido hacer la prueba de polígrafo que yo solicité
- Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG)
Según la fiscalía, ahora será el juez "quien debe de pronunciarse sobre la orden de aprehensión". Tiene un plazo de nueve días para ver si concede la orden de detención.
Las sanciones por este tipo de conductas van desde seis meses a cuatro años de prisión y hasta 100 jornadas de trabajo comunitario, aunque podrá solicitar libertad bajo fianza.