09 Octubre de 2017 08:30
El fiscal Federal Federico Delgado envió un exhorto a los Estados Unidos para que se investigue el patrimonio de Carlos “Indio” Solari, en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva y lavado de dinero que se destapó a partir del trágico show de marzo pasado en Olavarría, donde fallecieron dos personas.
El pedido de Delgado es para que los Estados Unidos cooperen con la investigación que se realiza en la Argentina. En el exhorto se piden detalles sobre bienes y cuentas bancarias en poder de Solari en ese país, y el trámite judicial se realiza mediante un área de cooperación internacional de la Procuración.
La Justicia quiere saber qué bienes y cuentas bancarias tiene en los Estados Unidos.
En esta línea, Delgado ya había solicitado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas de prueba en entidades bancarias y registros públicos para observar la evolución patrimonial del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a partir de una denuncia presentada en marzo pasado por el abogado Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
La denuncia fue presentada días después del show de Olavarría, que terminó con dos muertos y decenas de heridos y el colapso del predio en el que se llevó a cabo el espectáculo, donde hubo miles de personas más de la permitidas. En la demanda se habla de la sobreventa de entradas para buscar un enriquecimiento ilícito y la posible evasión fiscal “con el solo efecto de defraudar al Estado”.
Show. Una de las imágenes impactantes del recital del Indio Solari en Olavarría, en marzo pasado.
En la causa además están involucrados el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y los titulares de la productora En Vivo SA, Marcos y Matías Peuscovich; así como también los empresarios inmobiliarios Julio Carfi y Eduardo Carfi.
De acuerdo al denunciante, la matriz delictiva incluye cuatro puntos, y cree que el “Caso Olavarría” era ejemplo de un plan general: la productora realiza un convenio con el Municipalidad que incluye el supuesto pago de retornos, a cambio de una presunta instrucción a la Policía para que no intervenga y permita la asistencia de miles de personas sin ticket, así como el consumo de estupefacientes.
El denunciante cree que con las ganancias del masivo espectáculo se pagaron los “retornos”. Luego, se produce el lavado de dinero, “mediante una sociedad dedicada a la venta y construcción de inmuebles que serviría para canalizar el dinero negro”.
