Productores y autoridades. Uno por uno, setenta hombres y mujeres vinculados a la cultura y la producción de contenidos audiovisuales deberán desfilar por el despacho del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una investigación por una llamativa modalidad de subsidios otorgados para la filmación de películas y series de TV durante el kirchnerismo. Tres directores del INCAA y varios diputados entre los involucrados.
En la causa se investiga a Jorge Álvarez, Jorge Coscia y Liliana Mazure, los tres últimos ex presidentes del INCAA. Pero también a 67 beneficiarios de subsidios recibidos por el instituto del cine que serán indagados por Bonadio, que busca identificar cómo fue el esquema de los fondos otorgados por medio del artículo tercero J de la ley de cine.
Liliana Mazure es una de las ex autoridades del INCAA que deberán prestar declaración.
Según la investigación, el dinero podría haber caído en una suerte de “agujero negro”. Y estiman que se trata de unos 50 millones de pesos. La presunta dinámica irregular se dio en la rendición de cuentas de co-producciones que eran financiadas, entre un 40 y un 60 % por el INCAA y por productores privados, entre los que se destacan, por ejemplo, el cineasta y senador Fernando “Pino” Solanas.
Las producciones son más que variadas. La ex presidenta del INCAA, Liliana Mazure, explicó a BigBang que en total fueron 144 producciones, que abarcan películas de Leonardo Favio y Solanas, entre otras. Pero también series de TV, como la reconocida Vientos de agua, dirigida por Juan José Campanella.
“Yo entregué algunos Tercero J. Es un formato de entrega de subsidios que generó muchos problemas. Cuando llegué al INCAA, decidí no usarlo más”, sostuvo Mazure. La investigación de Bonadio comenzó en 2007, a partir de una denuncia de la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, que cuestionó los subsidios porque implicaban un reparto “discrecional” por parte del instituto del cine. Se señala que en total fueron adjudicados unos 19 millones de pesos.
De todos modos, Mazure insiste en que durante su gestión quedó “todo ordenado”, y contó que incluso diseñó una “unidad de monitoreo” de los Tercero J, con el objetivo de analizar qué proyectos fueron finalizados y cuáles no. “Hay muchos que vieron la luz y muchos que no”, reconoce.
La ex titular del INCAA que deberá comparecer ante Bonadio cree que detrás del llamado indagatoria hay razones políticas, y hasta habló de una “persecución”. Sin embargo, reitera que se trató de un “formato legal”, y aclara que por tratarse de co-producciones entre el INCAA y privados, el instituto del cine recaudaba dinero. En total, fueron alrededor de 895 mil pesos, según dijo.
El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar a autoridades del INCAA y productores.
Los subsidios Tercero J rondaban entre los 300 y 400 mil pesos para el fomento del séptimo arte. Sin embargo, hay producciones que fueron más costosas. Sin ir más lejos, Vientos de agua fue una serie de 13 capítulos grabada en Buenos Aires y en España, con actores de renombre. Mazure no pudo precisar el dato exacto, pero sostiene que sí existieron “producciones más costosas, que requirieron más dinero”.
SOSPECHAS, PERITAJES Y CONSTANCIAS
La sospecha de Bonadio sería debido a que el INCAA abonó varias veces el costo planteado en el presupuesto inicial. Al tratarse de subsidios por fomento al cine, muchos de los productores eran directores principiantes. Según Infobae, también había filmes de organizaciones sociales. La exhibición al público no es un dato menor: creen que hay filmes que nunca vieron la luz. Y lo confirma Mazure.
Las indagatorias comenzarán hoy y tienen previsto finalizar en noviembre. De hecho, Mazure tiene fecha para el 11 de noviembre. A ella se la investiga por la firma de uno de los subsidios, durante un interinato cuando era vice del instituto, aunque reconoció a BigBang haber entregado al menos una decena ni bien asumió la presidencia.
Si bien la ex presidenta del INCAA y actual diputada del Frente para la Victoria sostuvo que era un “formato legal” de entrega de subsidios, recordó que por estar abierta la causa, en muchas ocasiones debieron acercarse al juzgado para pedir fotocopias de los expedientes y de ese modo que las producciones que estaban involucradas pudieran ser finalizadas.
Otro de los involucrados es el diputado nacional Julio Raffo, que dirigió una película llamada Caseros en la cárcel, realizada en 2005, y estrenada en cines comerciales. “El problema es con las películas que no existieron”, sostuvo Raffo a BigBang. Además, rechazó las acusaciones de Bonadio.