Desde el nacimiento del lenguaje inclusivo -el cual es definido por el feminismo como uno más justo, menos violento y con el que se aspira a una sociedad de hombres y mujeres sin aspectos injustos del ser femenino y el ser masculino- muchos funcionarios, docentes, estudiantes y jóvenes han adoptado esta manera de expresarse, mientras que otros, como la RAE (Real Academia Española) marcaron su postura en rechazo de este tipo de expresiones como "todxs", "todes" o "tod@s"
En esta última línea se encuentran las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, las cuales presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir el uso del lenguaje inclusivo de los tres poderes del Estado. Cabe remarcar que hasta el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace uso de este lenguaje en sus diferentes actos oficiales.
En su primer acto oficial, allá por enero de 2020, el jefe de Estado inauguró un complejo de viviendas en la localidad chaqueña de Leonesa y utilizó lenguaje inclusivo tanto en la apertura como en el cierre de aquel acto: “Buen día Chaco, buen día amigos, amigas y amigues”, comenzó Fernández. Luego del discurso, cerró del mismo modo, tal y como lo había hecho en algunas ocasiones durante la campaña electoral.
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Al mismo tiempo se han modificado desde reglamentos internos de la Cámara de Diputados, razón por la cual las abogadas -que cuentan con una carta de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro- pidieron que se prohíba su uso "en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos". “Prohi?base el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comu?nmente denominado ´lenguaje inclusivo´", sostiene el artículo 1 de la propuesta.Y agrega: "Que se prohíba en cualquiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido gene?rico, asi? como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la Repu?blica Argentina”. La iniciativa tiene como objetivo evitar las “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”.
En el documento, Ginni y Paternesi advierten que la necesidad de prohibir en lenguaje inclusivo obedece a la necesidad de eliminar “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”. En ese sentido, consideran que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.
Al fundamentar el proyecto, las letradas recordaron cuando la RAE elaboró un Informe sobre el lenguaje inclusivo a raíz de una petición de la vicepresidente del gobierno español, que pretendía modificar el texto de la vieja Constitución de 1978 por considerarla “machista”.
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En julio del año pasado, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, encargó a la RAE un informe para evaluar la modificación del texto de la Constitución de manera que reflejara una mayor paridad entre hombres y mujeres. A raíz de ese pedido, la institución consideró que "el problema es confundir la gramática con el machismo" y anunciaron que "no habría grandes novedades" en el tema. Sin embargo, el tira y afloje entre la RAE y en lenguaje inclusivo sigue vigente hoy en día.Según el organismo, se tratan de expresiones “innecesarias” y detalla que "El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones". Las abogadas remarcaron que una de las principales recomendaciones de la RAE es evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas, cuya opción excede a las instituciones y academias.
De esta forma, señalan que “debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad”.
En ese contexto, Ginni y Paternesi afirman que “nadie en su sano juicio puede argüir que los constituyentes y reformadores que actuaron entre 1853 y 1994 redactaron una Constitución únicamente para varones que excluyera a las mujeres”. “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano...”, resaltan, aclarando que en todas las disposiciones de la Constitución están incluidos varones y mujeres por igual.
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“Los sustantivos, artículos, indefinidos, etc., de género masculino son interpretados como términos inclusivos de forma absolutamente general, no invisibilizan a las mujeres ni constituyen un agravio a ellas sino que las abarca y las incluye, de acuerdo con el sentimiento lingüístico de los hispanohablantes de todo el mundo en los últimos siglos”, advierten.
Para las abogadas, el lenguaje español siempre ha tenido carácter inclusivo. "La torpeza del desdoblamiento por sexos, tal como reclaman los transgresores, no implica visibilizar sino romper con la igualdad y la inclusión, acentuando la diferencia a través de la separación y quebrantando el sentido de equidad de las expresiones definidas de persona, construidas en masculino singular”, concluyeron.