El Gobierno avanza en la reactivación de un proyecto de libertad domiciliaria para presos mayores de 70 años que se encuentren en situación de “vulnerabilidad social”. Incluye también a aquellos reclusos que tengan problemas de salud, así como también a las detenidas que sean madres con hijos recién nacidos y niños. Apunta a reducir el hacinamiento y ya hubo críticas.
La iniciativa fue lanzada en 2015, y en una primera instancia abarcaba a reclusos de las cárceles de la Capital Federal y el primer cordón bonaerense. Ahora, el ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano ampliará su aplicación a todos los penales federales del país. Además, habrá un convenio para aplicar el sistema a las cárceles provinciales.
El proyecto apunta a personas mayores de 70 años, madres y detenidos con problemas de salud.
En la actualidad, ese sistema ya se aplica a 135 convictos. El programa incluye la implementación de pulseras electrónicas para los presos, pero además se desarrollará un plan de asistencia psicosocial en sus casas. Antes de cada definición particular, se evaluará si las viviendas se encuentran aptas técnicamente para que el recluso cumpla allí su condena: principalmente si cuenta con línea telefónica y señal de telefonía móvil, para poder chequear al detenido.
Sin embargo, la medida impulsada por el Ministerio de Justicia ya cosechó las primeras críticas. La titular de la ONG Usina de Justicia, la filósofa Diana Cohen Agrest, rechazó la iniciativa, y la consideró peligrosa porque “viola la seguridad de la ciudadanía y también se viola lo que se debe por Justicia”.
La filósofa Diana Cohen Agrest rechazó la iniciativa por la "peligrosidad" que puede implicar.
En diálogo con BigBang, la filósofa analizó que el programa busca reducir el hacinamiento en las prisiones de la Argentina, aunque no se tiene en cuenta la desprotección a la que sería sometida la sociedad. “El proyecto busca encontrar una solución al hacinamiento, es una respuesta que va en contra de los principios de justicia, pero también de seguridad ciudadana”, cuestionó Cohen Agrest.
Para la filósofa, el argumento de que las prisiones estén rebalsadas no tiene sentido. Incluso, hizo una comparación para justificar su argumento: “Si un hospital está lleno, no se echa a los pacientes a la calle, se deben construir más hospitales”.
El hacinamiento en las prisiones es preocupante en la Argentina.
En la actualidad existen unos 10.500 reclusos en prisiones federales, de los cuales 135 ya utilizan las pulseras electrónicas en los tobillos. Otros 175 presos, según estimaciones del Ministerio de Justicia, esperan ser aceptados en el programa. Para que eso sea posible, son los jueces de Ejecución Penal los que deben tomar la decisión.
Cohen Agrest lamentó además que no se tenga en cuenta “el pasado” de los reclusos. “Hay que ver qué tipo de presos son”, consideró. Y puso el ejemplo de Ricardo Barreda, quien finalmente fue liberado meses atrás tras cumplir su condena. “Se lo dejó libre y terminó en un hospital, abandonado”.
Barreda fue fotografiado en un hospital de San Fernando en un deteriorado estado de salud.
De todos modos, el objetivo es implementar un sistema de prisión domiciliaria en el cual exista un control permanente por parte de equipos psicosociales. Así, habrá equipos de psicólogos y trabajadores sociales que evaluarán, además, a quien sea responsable del preso. Uno de los datos que analizarán son las condiciones socioambientales del domicilio. El programa, aseguran, garantizará monitoreo y contención para los detenidos.
Cohen Agrest aseguró que existe una medida similar aplicada en otros países, aunque cuestionó que en la Argentina existe una falta de control de los detenidos una vez que se les concede la prisión domiciliaria. En Alemania, relató la filósofa, existe un control que se extiende por diez años posterior a la liberación. “No hay control después de la libertad condicional”, lamentó.