por Rafael Saralegui
01 Agosto de 2015 11:31
Un hombre acosa a su ex pareja, la amenaza por teléfono, la sigue por la calle, intenta ingresar en su casa. La mujer se presenta en la Justicia, lo denuncia y un juez ordena una orden de restricción, para impedir que el hombre se acerque.
Una situación que se repite a diario, con la sucesión de casos de violencia de género. Algunos se judicializan y otros no, y las mujeres viven sus calvarios en forma privado, sin la intervención del Estado.
Pero la situación se agrava cuando una mujer consigue que un juez disponga una orden de restricción o prohibición de acercamiento contra el violento, pero igual muere.
Belén tenía la orden de restricción en la cartera.
Es lo que ocurrió por ejemplo, con Maira Belén Morán, de 23 años, asesinada en la localida de Manzanares, partido de Pilar, asesinada el miércoles último por su ex pareja, Alberto Sebastián Moreno, de 26.
En la cartera de la víctima fue encontrada la última orden de restricción de acercamiento que la joven había logrado obtener en el Juzgado de Familia 1 de Pilar para que Moreno no pudiera acercarse a ella a menos de 500 metros.
La madre de Morán aseguró que el crimen podría haberse evitado, ya que llamó varias veces a la policía para decir que Moreno las había amenazado, pero no le prestaron atención.
Otro caso similar ocurrió en San Luis, donde una mujer murió el viernes luego de ser atacada a golpes en su casa de la localidad puntana de Santa Rosa de Conlara por su ex pareja, que luego se suicidó, a pesar de que éste tenía una restricción de acercamiento.
La mujer fue idenitificada como es Adriana Gladys González, de 30, quien falleció anteanoche, cerca de las 21.30 en el hospital local, donde se encontraba internada en estado de gravedad desde el miércoles último.
El hecho ocurrió cerca del mediodía de ese día, cuando Diego Tenis, de 33, llegó a la casa de su ex mujer a pesar de que tenía una orden judicial de restricción de acercamiento, luego de haber sido denunciado por violencia de género.
Gladys fue asesinada en San Luis.
Tenis y González tenían un hijo de 9 años, pero aprovechando que el chico no se encontraba en la casa, el hombre se encerró con ella y comenzó a golpearla.
La mujer quedó desvanecida en medio de un charco de sangre como consecuencia de la golpiza, y creyendo que estaba muerta, el hombre decidió ahorcarse tras colgarse con una soga atada al cuello desde una viga del techo del dormitorio.
Los dos hechos muestran que pese a las órdenes de restricción de acercamiento dispuestas por los jueces, las mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas.
Ocurre que en las práctica las órdenes son imposibles de cumplir. En algunos casos, los jueces o fiscales convocan a los denunciados, los notifican de la medida y realizan una suerte de “reto”.
En otro casos, como en el de Belén, las mujeres se presentan con la orden en la comisaría de su jurisdicción para pedir que vaya un agente a su domicilio. Pero en el mejor de los casos, el policía puede ir un par de horas por día.
La madre de Belén denunció que la policía no tomó la denuncia.
Según abogados que trabajan estos casos, la policía se ve superada porque no tiene suficiente personal para cubrir todas las denuncias. “Depende más que nade del vínculo que la mujer pueda realizar en la comisaría para que le presten atención”, dijo un letrado.
En algunos casos, también se les suministra a las mujeres un botón antipánico para accionar en caso de peligro. Pero la alarma suena en la comisaría y depende del personal disponible si se responde a la llamada.
Pero las autoridades coinciden en que el principal problema es la falta de coordinación entre la Justicia y la Policía. La clave es que los jueces hagan cumplir las órdenes dictadas.
