04 Julio de 2017 12:53
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy la declaración indagatoria, el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, por la causa que investiga un presunto fraude millonario en el yacimiento de Río Turbio.
Stornelli elevó el pedido de desafuerdo de De Vido.
Stornelli presentó un dictamen acusatorio ante el juez federal Luis Rodríguez, en el que incluyó a otros 23 investigados.
Sin embargo, es casi improbable que el ex funcionario kichnerista pueda terminar en prisión como consecuencia de su desafuero. Sucede que éste pedido de restricción, debe cumplimentar varias etapas previas, antes de ser procesado.
Los diputados deberán aprobar por dos tercios el pedido para que se concrete el desafuero.
Según la Ley de Fueros, "la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión".
Luego de ello, deberá ser aprobado por los dos tercios (171) de los votos en Diputados,sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. Si se considera que el PRO tiene 86 de las 257 bancas, el pedido de desafuero caería al vacío. "No creo que lleguemos al número para desafuerarlo", dijo a BigBang una alta fuente macrista en esa Cámara.
Al fundar su pedido, Stornelli indicó que las maniobras por defraudación a la administración pública fueron superiores a los $ 26 millones, y que la causa "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación".
Los fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó $ 400 millones, que también se cuestiona.
Antecedentes
En la Cámara de Diputados, uno de los antecedentes más relevantes es el del ex diputado nacional Angel Luque (PJ-Catamarca), quien fue desafuerado en 1991, tras el asesinato de la joven María Soledad Morales, del cual se lo acusaba a su hijo Guillermo. El cuerpo lo acusó de indignidad moral,luego que el juez actuante sostuviera que tenía la estructura y el poder como para hacer desaparecer el cadáver de María Soledad si el asesino hubiera sido su hijo.
El caso marcó un antes y un después, y en 1999 se evitó la asunción de Antonio Bussi, dado que los legisladores no lo aceptaron por su participación en la dictadura.
