20 Febrero de 2025 09:50

En un nuevo avance del proyecto de desregulación económica del oficialismo, el presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima (S.A.), una medida que generó fuerte polémica y reavivó el debate sobre el futuro de las empresas públicas en el país. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial mediante el decreto 116/2025, ocurre a pesar de que el Congreso había excluido a la entidad del listado de privatizaciones impulsado por el Gobierno.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida en redes sociales con su ya habitual "Dios bendiga a la República Argentina" y su característico "Fin", subrayando el tono ideológico del anuncio. Sin embargo, detrás del discurso libertario, la transformación del Banco Nación en una S.A. deja abiertas numerosas preguntas y serias preocupaciones sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. El cambio de estructura es ¿una privatización encubierta?
El Gobierno defiende la conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima como una estrategia para mejorar su capacidad de financiamiento y aumentar los préstamos destinados a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y familias. Según un comunicado de la entidad, este cambio permitiría "ampliar su fondeo", abriendo la posibilidad de captar inversiones a través de la participación de capital privado.
El decreto establece que el 99,9% del capital accionario estará en manos del Estado Nacional, mientras que un 0,1% quedará en la Fundación Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, la historia reciente de Argentina demuestra que la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas es el primer paso hacia la privatización total o parcial, como ocurrió con YPF en los '90.
Desde la oposición y sectores sindicales alertan que esta medida podría allanar el camino para la venta progresiva de acciones del Banco Nación sin necesidad de un nuevo debate en el Congreso, algo que ya sucedió en otras empresas estatales convertidas en S.A. "Nos dicen que el Estado seguirá teniendo el control, pero todos sabemos cómo termina esto. Es una privatización encubierta", denunció un legislador opositor.
El Banco Nación es la principal entidad de crédito del país y un actor clave en la financiación de las PyMEs y sectores productivos que, sin su asistencia, quedarían a merced de las tasas usurarias del sistema financiero privado. A lo largo de su historia, supo convertirse en una herramienta fundamental para sostener la economía en tiempos de crisis, ofreciendo líneas de crédito accesibles y fomentando el desarrollo industrial.
La transformación en S.A. abre la puerta a una posible orientación del Banco hacia una lógica de mercado, priorizando la rentabilidad sobre su rol histórico de promotor del desarrollo productivo. Expertos en economía advierten que, de abrirse el capital a inversores privados, podría producirse una reestructuración de sus políticas de crédito, restringiendo el acceso al financiamiento para sectores tradicionalmente beneficiados.
Resulta llamativo que la medida haya sido tomada vía decreto cuando el Congreso había decidido excluir al Banco Nación del plan de privatizaciones. Esta decisión evidencia el estilo de gobierno de Milei, quien ha mostrado reiteradamente su desprecio por el Poder Legislativo y su tendencia a tomar decisiones unilaterales mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La falta de discusión pública también es motivo de crítica. No hubo un debate profundo sobre las implicancias de esta reforma ni un análisis detallado de los riesgos que conlleva. "El Banco Nación es de todos los argentinos y una decisión de esta magnitud debería ser discutida democráticamente. No puede resolverse con la firma de un decreto en la soledad de la Casa Rosada", afirmó un dirigente sindical.
La conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima es un paso significativo en la agenda de reformas de Javier Milei y marca un precedente peligroso sobre el manejo de las empresas públicas. Aunque el Gobierno insista en que el Estado mantiene el control, la historia demuestra que estas medidas suelen ser el preámbulo de privatizaciones totales o parciales. El impacto en el acceso al crédito, el posible cambio de orientación del banco y la decisión de llevar adelante esta transformación sin un debate legislativo real son motivos suficientes para encender las alarmas. En un contexto de crisis económica y social, la privatización encubierta de una de las instituciones financieras más importantes del país podría tener consecuencias profundas y difícilmente reversibles.