23 Mayo de 2016 15:38
El juez federal Ariel Lijo procesó a la mujer acusada de amenazar por twitter al presidente Mauricio Macri y a su familia.
El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa.
Además, le impuso un embargo de $ 150.000 por los gastos al Estado que ocasionaron los operativos de seguridad.
La procesada tiene 27 años, cursó estudios universitarios de historia, está desempleada y vive en Quilmes.
Según se indicó en Tribunales, la imputada había publicado en Twitter, con un perfil anónimo, mensajes en los que había amenazado al presidente y a su familia.
En los mensajes, la mujer usaba una fotografía de Antonia Macri, la hija menor del mandatario, con una tachadura en su cuello como su fotografía de perfil junto a un mensaje con la leyenda “maten a la chiquita”.
Antonia, la hija menor del presidente, blanco de los "ciberataques".
Entre los mensajes intimidatorios se destacaba uno que decía “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespaldas de por vida a Antonia”.
Uno de los mensajes que publicó bajo el usuario "@lamariKaos".
“Si algo hizo mal el kirchnerismo es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión”, sostenía otro.
“Pero nosotros tenemos que ir más allá ... Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más”, agregaba otro de los mensajes.
En su Twitter tenía una foto junto al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
La causa empezó el 5 de marzo por el “ciberpatrullaje” de rutina del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en cuyo marco los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de Internet.
La causa empezó a partir de un patrullaje del área de cibercrimen de la Policía Metropolitana.
Allí se detectó que el usuario "@lamarikaos" estaba realizando publicaciones amenazantes contra el jefe de Estado, por lo que se consultó al tribunal y se procedió a comenzar con las tareas de inteligencia.
En su perfil de Facebook la mujer reportaba que desempeñaba tareas “en el Ministerio de Desarrollo de la Nación”, aunque actualmente era “desocupada gracias al cambio”.
En su indagatoria, la acusada reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a “un exabrupto generado por el enojo producido a raíz de la pérdida de su empleo”.
“Me quedé sin trabajo y dije eso que escribí ahí, pero sin intenciones de asesinar a alguien, me parece una locura eso. Fue un exabrupto por el enojo que me generó quedarme sin trabajo”, expresó.
“Fue toda una sumatoria de cosas lo que me hizo estallar en poner esa estupidez que puse”, se defendió.
El juez evaluó los alcances del derecho constitucional de la libertad de pensamiento y expresión para determinar si los mensajes podrían verse resguardados por ese derecho.
Sin embargo, concluyó que, por el contrario, las expresiones de odio manifestadas eran de las prohibidas por el propio derecho constitucional.
Finalmente, dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150.000 pesos.
Para ello reparó en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas, es decir los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial.
