Una nena de 11 años fue sometida a una cesárea ayer a la noche en Tucumán después de haber sido violada por la pareja de su abuela, y de haber quedado embarazada por ese cruel ataque.
Aunque la niña y su madre pidieron la interrupción del embarazo, lo cierto es que el sistema de salud de la provincia no cumplió con lo que dice el Código Penal, y dilataron la situación lo más que pudieron. En diálogo con BigBang, la abogada Sabrina Cartabia, quien también representa a Thelma Fardín en su denuncia contra Juan Darthés, explicó que la interrupción legal del embarazo en la Argentina se cumple según la provincia en la que ocurra y según los profesionales que atiendan a la mujer afectada.
Una niña de 11 años fue sometida a una cesárea luego de haber sido violada.
"Nuestro código penal es muy claro. La ley marca que la mujer tiene que ir a un hospital público o a atenderse donde tenga cobertura. Con la declaración jurada y el pedido explicito, es suficiente para que se practique la interrupción legal del embarazo", aseguró la letrada.
Sin embargo, Cartabia aclaró que en nuestro país se violan sistemáticamente las leyes, porque hay una clara costumbre de ir contra lo que dice el texto legal.
La niña había pedido hace un mes la interrupción legal del embarazo.
Según indica el artículo 86 del Código Penal, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en los siguientes tres casos: cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y cuando el embarazo proviene de una violación.
A pesar de eso, la mayoría de las veces la ley no se cumple, y el Estado intenta dilatar la situación, para que en casos como el de la niña de 11 años de Tucumán, se salven las dos vidas: la de la nena abusada y la del bebé que nace prematuro.
En algunas provincias el Estado dilatada la situación para evitar la interrupción legal de embarazos.
"El problema en la Argentina es que no hay una decisión política sobre esta cuestión. Además, no alcanza con tener una ley, porque se trata de políticas públicas y entonces se necesitan recursos, medicamentos, preparar a los profesionales y otras cosas más que no se dan. No hay críteros establecidos y se sigue jugando a la arbitrariedad", indicó la profesional.
En este sentido, Cartabia también indicó que hoy en día la interrupción del embarazo, por las tres razones que indica el Código Penal, se cumplen según la provincia y según el municipio en que la mujer se atienda. "Los niveles de disparidad son muy grandes. Hay impunidad y juegan con el tiempo", agregó.
Los hospitales públcos no cuentan con los elementos necesarios para hacer una interrupción legal del embarazo.
Ante esta falta de atención y de apoyo del Estado, la abogada recomendó que ante cualquier negativa en los centros de salud para aplicar la interrupción del embarazo, lo que primero que hay que hacer es contactarse con el movimiento de mujeres feministas, que son quienes podrán ayudar a la persona para que se avance con mayor rapidez en lo que respecta al cumplimiento de sus derechos.
"Después frente a un daño podés armar una causa que da lugar a sanciones y podés hacer denuncias, pero eso es por otro lado", cerró.
El debate por el no cumplimiento de la interrupción legal de embarazo empezó hace mucho, pero se hizo aún más visible en los últimos meses, después de que no se aprobara el año pasado la legalización del aborto. La discusión puso en eje muchas falencias que existen actualmente en el sistema de salud del país, y se vio ejemplificado en enero pasado, cuando una niña de 12 años fue sometida en Jujuy a una cesárea tras haber quedado embarazada por una violación.
En enero una niña de 12 años fue sometida a una cesárea tras una violación.
Lo mismo ocurrió en las últimas horas, aunque en Tucumán y con una nena de 11 años, quien había sido abusada por la pareja de su abuela. "La nena vivía con su abuela y con la pareja de ella. Hace un mes fue a un centro de atención primaria por un dolor estomacal y de ahí fue derivada hacia el hospital. Ahí el Estado tomó contacto con la situación. Era un caso clarísimo de interrupción legal del embarazo y el protocolo no se aplicó en su forma", explicó en diálogo con BigBang Fernanda Marchese, directora de Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes).
Marchese dijo que el lunes de esta semana la mamá de la nena tomó contacto con Andhes, y que desde entonces los abogados de la organización comenzaron a ayudarlas y a asesorarlas legalmente. Sin embargo, como el Estado había dilatado tanto la situación, este miércoles a la madrugada los médicos decidieron que, debido al estado avanzado del embarazo (estaba de 22 semanas), lo único que se podía hacer para cuidar la salud de la niña era una cesárea.
"Desde siempre la nena tuvo voluntad expresa de que quería interrumpir el embarazo, lo hizo en en cámara Gesell, ante la justicia y ante los organismos de salud, pero el Estado obstaculizó y vulneró sus derechos y el desenlace es este", comentó.
El abusador de la niña se encuentra detenido, aunque para proteger la integridad de la chica, no trascendieron detalles de la investigación. Tampoco hay datos concretos sobre el estado de salud del bebé, y lo único que se sabe es que la víctima permanece internada en el Hospital del Este Eva Perón en buen estado de salud físico.
"La familia recibió una muy mala orientación desde el sistema de salud provincial. Les daban información poco precisa y los manipulaban. Les decían que la salud de la niña corría riesgo y que no iba a poder volver a quedar embarazada", dijo por último Marchese, antes de agregar que finalmente la cesárea se hizo, pero con médicos de otra institución, ya que los profesionales del hospital se negaron.