03 Junio de 2016 11:05
El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Ciudad suspendió al ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni por haber defendido al juez Axel López en el jury que le hizo el Consejo de la Magistratura. El plazo de inhabilitación será de 90 días.
Raúl Zaffaroni renunció a la Corte Suprema en 2014.
Luego de su renuncia a la Corte Suprema, Zaffaroni defendió, al juez de Ejecución Penal Axel López, acusado de "mal desempeño" y finalmente absuelto, ante el jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
La Sala III del tribunal consideró que Zaffaroni violó el artículo 3 de la ley 23.187 cuando defendió a López. El inciso 9 de esa norma prohíbe que, hasta dos años después de abandonar el cargo, quienes fueron jueces ejerzan como abogados en el ámbito donde actuaron como magistrados.
Zaffaroni defendió, al juez de Ejecución Penal Axel López luego de su renuncia.
Este hecho se suma a las sanciones de otros abogados mediáticos que incurrieron en algún tipo de desobediencia de los deberes de la profesión.
El polémico Víctor Stinfale, tuvo varias sanciones del Colegio de abogados.
Uno de los casos más recientes es el del mediático Víctor Stinfale, quien tuvo entre sus defendicos a "El Gordo" Valor, el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar y hasta tuvo vinculación con la familia de Pablo Escobar. También representó a Carlos Telleldín, imputado en la causa AMIA. A raíz de este hecho, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados le suspendió la matrícula por “gestionar el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que se autoincriminara”.
Actualmente Stinfale está sancionado con la cancelación de su matrícula profesional por el término de un año, ya que se encuentra implicado en la causa de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, ya que es copropietario de la empresa que comercializó las bebidas en dicho evento.
El Colegio de Abogados estipula sanciones ante el mal ejercicio de la actividad.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sanciona:
Abstención de distribuir o participar de los honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional y recurrir directamente o por terceras personas a intermediarios remunerados para obtener asuntos.
No tener un domicilio fijo y conocido para la atención de los asuntos profesionales que se le encomienden.
Realizar publicidad sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión o en base al monto de los honorarios a percibir o que pueda inducir a engaño.
Realizar publicidad amenazante.
No fundamentar la solución de todo conflicto en los principios de lealtad, probidad y buena fe.
Falta de respeto a la dignidad y ecuanimidad del colega.
Faltas de estilo y mesura en el lenguaje.
Frases injuriosas o calumniosas.
Críticas a la actuación profesional del colega
El abogado no debe tratar, directa ni indirectamente, ni arribar a ningún convenio o acuerdo con personas representadas o asesoradas por otro colega, sin intervención de éste.
Quienes no atiendan los intereses de sus clientes
Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta u omisiones graves en el cumplimiento de los deberes profesionales.
Retención o disposición de bienes, fondos o documentos de su cliente.
La relación con el cliente debe ser personalizada, no colocar a un colega en su lugar sin su debido consentimiento, salvo impedimento súbito o imprevisto
La representación o patrocinio de intereses opuestos.
La falta de información al cliente.
No anteponer los intereses propios al de sus clientes, ni solicitar o aceptar beneficios económicos de la otra parte o de su abogado
Las omisiones graves en la defensa penal y en el cumplimiento de los deberes profesionales
El abogado puede libremente aceptar o rechazar asuntos. Si los acepta debe cumplimentarlos con el máximo de diligencia, celo y dedicación
No guardar en estilo adecuado a la jerarquía profesional ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos.
Incurrir en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados.
Valerse de pruebas falsas así calificadas judicialmente, constituyan o no fraude procesal.
