por Natalia Torres
16 Mayo de 2017 10:05
La semana pasada, de la mano de una medida de fuerza, saltó a la notoriedad pública la complicada situación que atraviesan las empresas de colectivos de larga distancia MercoBus y Plus Ultra.
La empresa Plus Ultra encaró una medida de fuerza el jueves pasado.
La venta de ambas compañías del Grupo Plaza al Grupo Caruso, dueño de El Práctico, determinó el incumplimiento del pago de las ART y los seguros de los vehículos. Además, hay pagos de AFIP y seguros de los pasajeros incumplidos.
Ese conflicto es apenas la visibilización de una situación crítica en la que todo el sector está sumido y que tiene múltiples causas. Y la más evidente es la quita total de subsidios públicos.
Inferioridad de condiciones
Así, el dinero recibido desde el Estado por las empresas de transporte público de larga distancia cayó de poco más de 1.180 millones de pesos pagados en el 2016 a 265 millones este año.
La reducción de ayuda estatal fue drástica este año.
Lejos quedaron las épocas de subsidios con cifras astronómicas. El punto más alto fue en el 2015, cuando las empresas recibieron casi 1.500 millones de pesos, con tendencia siempre creciente en los dos años previos.
La contribución estatal actual, mientras tanto, no es técnicamente un subsidio sino una compensación por el servicio gratuito a pasajeros discapacitados.
"No estamos en desacuerdo con la quita de subsidios, pero debería ser de manera ordenada", le declara a BigBang el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), Gustavo Gaona, quien subraya como ejemplo el hecho de que Aerolíneas Argentinas recibe cerca de 11 millones de pesos diarios y las otras compañías aéreas compran combustible a precio diferencial.
"Corset legal"
En este punto, según explica Gaona, también se suman otros "palos en la rueda", como el hecho de que los colectivos pagan tarifa de hora pico en los peajes de rutas nacionales, están limitados por ley para ofrecer promociones de compra -a causa de una banda tarifaria muy estrecha- y conectan destinos poco rentables. "El avión va los días que le conviene a los destinos que le conviene", resume.
El inminente arribo de las compañías aéreas low-cost también se configura como una amenaza. "No nos oponemos a la llegada, pero nos molesta que las aprobaciones y permisos se hacen en tiempo récord cuando nosotros venimos bregando hace años por el cambio de normas obsoletas", se lamenta Gaona.
"Lo que le estamos pidiendo al Estado, concretamente, es que reconvierta las normas de efectividad", agrega. "Queremos competir pero no tenemos herramientas".
