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“Reseteado a modo de fábrica”: los “errores” en el peritaje del celular y la mira en la Policía Federal

El teléfono fue custodiado pero llegó a la PSA en un sobre abierto y sin información.

por Matias Ayrala

04 Septiembre de 2022 11:04
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El jueves, minutos antes de las 21 horas, la historia política argentina cambió para siempre. Esa noche, mientras saludaba a la militancia en la puerta de su casa de Recoleta, Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un atentado. Un brasilero de 35 años, llamado Fernando André Sabag Montiel apuntó con una pistola en la cabeza de la vicepresidenta y gatilló en dos oportunidades. La bala no salió por un error en la carga. Es decir, Argentina no sufrió un magnicidio de milagro.

 

El asesino y ahora acusado de Homicidio en grado de tentantiva fue capturado por los propios militantes peronistas y entregado a los agentes de la Policía Federal. Lo mismo sucedió con el arma. Es que tras gatillar, Sabag Montiel tiró el arma en el piso. Otro militante, la pisó hasta que llegaron los oficiales de la Federal y la retiraron. Esa fue la prueba uno. La otra fue el celular que le sacaron al agresor: un Samsung modelo A50. La segunda prueba y tal vez, la más importante para desentrañar por qué  lo hizo y si contó con un grupo de personas de apoyo para realizar el atentado.

 

Además hubo una serie de allanamientos en los respectivos domicilios del brasilero en donde incautaron una computadora y otro celular. Más pruebas por supuesto. Cuando comenzaron los peritajes, el foco se puso en el teléfono que el agresor tenía encima en la noche del ataque. A primera vista, y según información filtrada oficialmente, determinaron que dicho celular tenía un chip de solo un mes y contaba con ocho llamadas, una de ellas que había ingresado al aparato cinco minutos antes del ataque.

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Pero faltaba el análisis de rigor. En horas de la madrugada del viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti y su secretario Federico Clerc dispusieron que la Policía Federal para que se realizara la extracción de toda la información real del celular. Las tareas se realizaron en el propio juzgado por la importancia de la prueba. Esa noche, el teléfono fue guardado en un caja fuerte, quedó en modo avión y apagado. Al otro día, los técnicos de la Federal comenzaron su trabajo.

 

El sistema que utilizaron es el UFED, de origen israelí, que sirve para extraer toda la información referida a mensajes, llamadas, mails y material audiovisual. El inconveniente mayor fue la contraseña con el que el teléfono estaba bloqueado. Por supuesto, el acusado se negó a brindar esa información y así comenzó el trabajo de la Federal para poder acceder al celular. Pero una serie de errores pondrían en el ojo de la tormenta a la Policía.

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Como los técnicos de la Federal fallaron, la jueza convocó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahí descubrieron que el teléfono había sido reseteado a modo de fábrica”. Esa leyenda apareció apenas lo tuvieron en sus manos. Además hubo errores en la cadena de custodia del aparato. Los agentes de la PSA recibieron el celular en un sobre abierto y encendido. Es decir, se había hecho todo mal.

 

Por el momento, el celular sigue bloqueado y creen que podrían recuperar la información desde la nube. En tanto, la tarjeta SIM pudo ser desbloqueada y ya cuentan con contactos e imágenes que Sabag Montiel tenía en su móvil. El gran inconveniente es poder determinar la cantidad de información que se podría haber perdido con el reseteado que hizo la Federal.

Por otra parte, la jueza Capuchetti deberá determinar si dicho reseteado fue por errores involuntarios o alguien lo hizo adrede. Por ese motivo, por estas horas, se habla de que todos los agentes de la Policía Federal serían apartados de la causa y hasta podrían ser acusados por la justicia. Por eso, los peritos declararán y explicarán qué tareas realizaron. También lo harán los que estuvieron a cargo de la custodia del celular.

 

Ahora las tareas de la Justicia se ampliaron. No solo deberán determinar si Sabag Montiel realizó el atentado en soledad u organizado por un grupo de personas, la jueza también deberá determinar si dentro de Comodoro Py hay agentes que se ocuparon de intentar arruinar una de las pruebas más contundentes contra el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta.

 

 

 

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