Luego de que el gobierno buscara evitar que clínicas, sanatorios y hospitales comiencen a cobrarles un copago del 9% a los afiliados de las prepagas a partir de enero, durante la mañana de este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Salud entre los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) para buscar otra solución a la problemática del sector que no sea la aplicación de un copago.
Cabe recordar que la propia FAPS había anticipado este último domingo la necesidad de volver a recurrir a los copagos luego de que las prepagas les informaran que no les van a aumentar el mes próximo el monto de lo que le transfieren por cada prestación, tal como estaba previsto. La Superintendencia de Servicios de Salud aseguró en respuesta a esa negativa que el aumento a los prestadores de salud por parte de las prepagas está contemplado en el acta acuerdo oficializada a través de la resolución 2125/21. Por lo tanto, amenazó con sanciones si las prepagas no cumplen. Debido a esto, este martes el gobierno recibió a las empresas para tratar de alcanzar un acuerdo.
En este sentido, tras el encuentro, la FAPS decidió dar marcha atrás con el cobro adicional sobre las prestaciones de salud y anunció que tanto las autoridades del Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud les garantizaron que las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección -entre las que se encuentran Cemic, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE- deberán trasladarles los mayores ingresos que obtendrán desde el próximo mes por el incremento de 9% sus cuotas. Vale aclarar que la Superintendencia autorizó a fines de julio cuatro aumentos del 9% para las empresas de medicina prepaga.
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Según consta en la resolución 2125/2021, los primeros tres aumentos se iban a aplicar de manera consecutiva y acumulada en los meses de agosto, septiembre y octubre; y luego habría una última suba en enero de 2022. Durante las últimas semanas, las prepagas y obras sociales le avisaron a la FAPS que, debido a que se encuentran “drástica y peligrosamente desfinanciadas”, era “imposible” pagar el 9% de incremento de enero próximo. A principios de este año, el gobierno le otorgó 227,7 millones de pesos a las obras sociales de manera excepcional para cubrir la baja en las recaudaciones de diciembre respecto de marzo a causa de la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, ante el aviso de las prepagas y obras sociales la FAPS optó por anunciar el domingo pasado que aplicaría un copago de 9% para que los sanatorios, hospitales, clínicas y centros de diagnóstico pudieran hacer frente a la paritaria ya acordada en el año de 45%. Teniendo en cuenta las subas autorizadas de 3,5 por ciento en marzo, 4,5 por ciento en abril y 5,5 por ciento en mayo, las compañías terminarán por ajustar sus cuotas este año en 47,8 por ciento. Si a este porcentaje, se le suma la suba del próximo enero, el ajuste llegará al 61,1 por ciento de aumento acumulado en doce meses.
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Lo cierto es que en su afán por evitar la implementación del copago, la Superintendencia advirtió que sancionará a las empresas de medicina prepaga y obras sociales si no trasladaban el incremento del 9%. “Las numerosas resoluciones y decretos de todo tipo de autoridades administrativas que regulan la medicina en la Argentina han generado una gigantesca maraña normativa y un desfasaje económico tan grande entre los ingresos y los egresos de nuestras entidades, que dificulta enormemente nuestra actividad, que hoy a causa de ello, se encuentra drástica y peligrosamente desfinanciada”, señalaron desde la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara).
Mientras que desde la FAPS, resaltaron: “Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección. Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”.