Tras el terrible episodio que vivió Santiago "Chano" Charpentier, quien estuvo internado después de haber sido baleado por un policía mientras estaba en medio de un supuesto brote psicótico, entraron en escena y en debate las situaciones a las que deben enfrentarse las familias que tienen un ser querido con problemas mentales o con un consumo problemático de drogas.
De hecho, en la Argentina existe la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), la cual fue sancionada en noviembre de 2010 y permanece vigente en todo el país. Entre otras cosas, la norma indica que el paciente debe tener derecho a que en el caso de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión.
"La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente", explica el artículo 14.
Por su parte, el artículo 18 aclara que la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. "En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez", dice.
"Esta es una ley, desde mi posición, súper progresista, garantista de los derechos de las personas con padecimientos emocionales y consumo problemático de sustancias. De hecho la ley dispone de equipos interdisciplinarios para la atención de los padecimientos tanto en el ámbito privado como público y además contempla los dispositivos ambulatorios y de internación tanto voluntaria como involuntaria", explicó Victoria Cohen, psiquiatra y miembro de Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG).
"La ley no priva de los derechos que tienen las persona de tratarse, tanto cuando hablamos de personas con padecimientos como de sus familias, sino que justamente lo que hace es promover una atención adecuada para que se garanticen esos derechos", comentó.
De "Te voy a cortar la yugular" a "Los voy a matar a todos": habló el psiquiatra de Chano
Sobre la norma, dijo que hay que hacer especial hincapié en el hecho de que contempla la internación de la persona tanto cuando brinda su consentimiento como cuando no pueda hacerlo por la situación emocional que presenta. "La única diferencia en este segundo caso es que hay que avisar al juez de turno dentro de las 48 horas. Eso es importante para no privar a la persona de su libertad", aclaró.Sin embargo, la especialista admitió que muchas veces es necesario llamar a las fuerzas de seguridad ante un caso complejo donde la persona presente riesgo para si o para terceros, porque no siempre hay tiempo para armar un plan de emergencia.
Si bien la ley contempla que ante una internación involuntaria la Justicia debe ser avisada, lo cierto es que las familias no deben ser quienes reporten lo sucedido, sino los profesionales a cargo del caso. "La familia tiene que llamar a la emergencia que tenga o al equipo de salud interdisciplinario. En los hospital públicos hay guardias interdisciplinarias con psicólogos y psiquiatras y un trabajador social. Apenas el SAME concurre con un paciente, es evaluado por ese equipo y aunque el paciente no esté de acuerdo, si corre riesgo se lo interna", comentó.
Cohen trabaja como profesional en el área de salud pública, y sabe mejor que nadie que el trabajo interdisciplinario es importante porque así se tienen más herramientas para un mismo paciente.
Leer más | Infertilidad: cómo hacerle frente al diagnóstico y las herramientas para superar el duelo
"Es cierto que no en todo el país existen todos los dispositivos necesarios. Falta mucho para poder cumplir con la ley en todo el país. A veces no se cuenta con el recurso humano, no hay trabajadores sociales ni músico terapeutas. La realidad es que a veces se cree que todo se resuelve con una pastilla y no es así, la medicación es una herramienta más de todo lo necesario en un abordaje total. Tenés que ver si la persona vive con alguien y muchas cosas que son más complejas e incluso en oportunidades también te encontrás con profesionales que dicen que en nombre de la ley no pueden internar a una persona, y eso es mentira", sostuvo.En este sentido, mencionó que todo profesional que necesite internar un paciente puede hacerlo, aunque en verdad durante la pandemia fue difícil porque había muchos hospitales llenos que no tenían camas disponibles por el Covid-19.
El difícil rol de las familias
Quienes conviven o son cercanos a personas que sufren de problemas mentales o de consumos problemáticos tienen una de las tareas más difíciles: intentar ayudar a su ser querido, algo que no siempre pueden lograr con facilidad."Por ejemplo, los pacientes con cuestiones de consumo problemático son personas que les cuesta poder registrar que necesitan de algún otro dispositivo para poder dejar de consumir. Así que la familia tiene que poder estar acompañada por un equipo profesional, no es solo el paciente al que hay que atender. No es para nada sencillo, y depende de muchas cuestiones. En temas de consumo hay situaciones muy vulnerables y a veces las familias que intentan ayudar al paciente viven en los mismos barrios donde se trafica", comentó.
Además, en ocasiones cuando se trata de personas adultas, se niegan a tener ayuda de sus familia, y hasta viven en otros lugares porque no aceptan lo que les pasa. "Hay instancias también donde una familia apela a un equipo tratante para que de intervención a un juzgado con el final de ordenar un tratamiento, aunque no se trate de una internación", contó.
Por eso mismo, dijo que lo mejor es que las familias se dejen ayudar y que estén asesoradas por un psicólogo o analista familiar que pueda evaluar la situación. "A veces son también importantes los dispositivos grupales que acompañan la situación o instituciones que acompañan el consumo problemático, pero lo que es importante es que la persona sepa que no puede sola", cerró.