11 Julio de 2018 11:45
"El Estado le da plata a la Iglesia según cuantos fieles tiene, pero no es que cada fiel vale 10 pesos. Pero por tener tantos fieles es que tiene tanto poder".
De esta manera Santi Maratea le explicó a sus 361 mil seguidores en Instagram en una de sus Stories en la que relata que había iniciado el trámite para apostatar, es decir dejar de pertenecer a la Iglesia Católica si estás bautizado.
El influencer inició de esta manera una nueva campaña en la que los que fueron bautizados y no practican la fe católica puedan "desafiliarse", tal como lo define Maratea.
La campaña #ApostasíaColectiva comenzó a posicionarse en las redes sociales el viernes y permanece en las tendencias. Las expresiones de apoyo a la campaña se expresaron de distintas maneras. Fotos de quienes realizaron el trámite, memes e ilustraciones.
El plan del instagramer que llama a un "Faltazo Masivo Cultural" para revisar la educación]
"Si no querés que la Iglesia use más tu nombre, apostatarse es la solución", sumó en otra Storie que incluyó el hashtag #ApostasíaColectiva y allí se pueden encontrar otros posteos como éste.
"Desafiliate de la Iglesia Católica", la movida que se instaló en las redes.
"Llegó la carta que confirma mi desvinculación total de la iglesia católica. Me siento como el ort... desde que desperté y estoy teniendo un día realmente de mierd... pero esto me hace 10000% feliz ?? Cuando deje de procrastinar les muestro la canción que salió de este proceso ??#apostasiacolectiva bai bitch see you in hell", escribió una usuaria que compartió su reacción al recibir la confirmación del trámite terminado.
El festejo en las redes.
Maratea recibió apoyo de otros jóvenes que ahora seguirán sus pasos y también fue criticado. Pero intentó no confrontar, sino seguir con su iniciativa.
El reclamo es claro: la separación de la Iglesia y el Estado, tras la difusión de los sueldos de obispos y sacerdotes. Por ello mismo, surgieron dos proyectos que el año próximo podrían debatirse.
LOS PROYECTOS
Después de la media sanción al proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, la Iglesia avizora otro golpe en el horizonte con la aparición de dos iniciativas que buscan limitar sus sueldos, actualmente pagados por el Estado nacional.
Una de ellas es la del legislador radical Alejandro Echegaray, quien propone que el Estado nacional deje de pagarle salarios a la jerarquía eclesiástica.
Los obispos reciben un sueldo similar al de un juez de primera instancia.
Si bien el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano, para el legislador la obligación ya se cumple "por medio de susbsidios a colegios religiosos, sostenimiento arquitectónico, desgravaciones impositivas y otras cuestiones en las que el Estado ya viene aportando".
En ese sentido, Echegaray remarca que los beneficios recibidos por la iglesia datan de cinco decretos ley firmados por Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone durante la última dictadura.
Vale recordar que según esas disposiciones, el sueldo que perciben los obispos se iguala al que recibe un juez de primera instancia (alrededor de 135 mil pesos en bruto por mes) y no paga impuestos.
Echegaray plantea la derogación de los decretos-ley que garantizan un sueldo para la curia.
"Mi planteo es que estos decretos deben ser derogados. Además, los ciudadanos de otros credos no tienen por qué financiar salarios de una sola jerarquía eclesiástica", argumenta Echegaray.
"El laicismo tiene una doble vía: el Estado no debe intrometerse en cuestiones religiosas, pero las religiones tampoco pueden meterse en el Estado".
Proyecto paralelo
Otra iniciativa, elaborada por la diputada Carla Carrizo -del bloque Evolución- busca según su texto "un cambio conceptual en relación a los ingresos de las jerarquías eclesiásticas".
Asi, en primer lugar, la idea es reemplazar "el concepto de asignación por remuneración", convirtiéndolo en un "ingreso susceptible de tributar". Además, se propone equiparar el sueldo de los obispos con el de un docente titular universitario.
"Lamentablemente el Nuevo Código Civil mantuvo el artículo 146, donde se establece a la Iglesia Católica como persona jurídica pública. Como garantía de equidad de cultos y para proteger la libertad religiosa, un artículo que dispone por encima de los otros cultos, que se consideran como personas jurídicas privadas, genera una desigualdad de trato. Creemos que esto vulnera el deber de garantizar el libre ejercicio de la conciencia de toda la población en condiciones de igualdad y no discriminación", subraya Carrizo en su proyecto.
