Hubo 167 causas abiertas y sólo dos condenas. Esas son, según un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, los datos en relación a los procesos penales por el delito de aborto en todo el país desde el 1° de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016.
El aparato penal alrededor del aborto sólo aporta a la clandestinidad.
Las cifras son insignificantes si se tiene en cuenta que, según estimaciones difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación, en un período de cinco años se realizan entre 1.850.000 y 2.600.000 abortos.
La provincia de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron las que más causas informaron (59 y 58 causas, respectivamente), seguidas por Corrientes con 13, Buenos Aires con 12 causas y Santa Fe con siete. En siete de los casos, las mujeres denunciadas estuvieron detenidas por períodos que abarcaron entre 10 horas y 26 días.
Y la primera conclusión -más allá de la angustia lógica que genera enfrentar un proceso judicial- es que el aparato punitivo alrededor de la interrupción del embarazo sólo funciona para construir una clandestinidad que desemboca en un negocio ilícito y en muertes que podrían evitarse.
"La peor cara del derecho penal"
"El mantener la ilegitimidad de la conducta opera empujando a las mujeres a prácticas clandestinas o inseguras, según los recursos a mano", le señala a BigBang Raquel Asensio, coordinadora de la comisión que elaboró el informe.
La Ciudad de Buenos Aires, junto a Mendoza, es la que más causas albergó.
Para ella, en este caso "sólo se ve la peor cara del derecho penal, porque deja de tener la finalidad de prevenir que algo ocurra o que la persona que incurrió en un delito vuelva a cometerlo".
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"En el balance de costos y beneficios, el uso del derecho penal en casos de aborto se queda solo con los costos. Fracasa en todos su fines legítimos y la penalización constituye una violación del derecho de las mujeres", subraya.
Denuncias viciadas
De acuerdo a Asensio, en gran parte de los casos las denuncias a mujeres que abortaron provienen de parejas que instrumentan la acción como una represalia luego de recibir acusaciones formales de violencia de género.
Para Raquel Asensio, la penalización del aborto "ha demostrado su fracaso".
"También hemos detectado que en algunos expedientes no hay ningún ánimo de investigación porque se inician a raíz de denuncias de profesionales de la salud, lo cual es considerado inválido por un fallo de la Cámara del Crimen rubricado por la Corte Suprema" agrega.
En esta instancia, según explica Asensio, la Justicia suele optar por no llevar adelante el caso porque se suele considerar que el temor a ser denunciadas por un médico coloca a las mujeres "en un dilema imposible" que es considerado por la Corte "como una elección inmoral".
El cuadro general deriva, de acuerdo a la coordinadora, en "jueces y fiscales que no están dispuestos a avanzar con estas causas" y en un sistema judicial "que se resiste a aplicar a una norma que ha demostrado su fracaso".