El Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la aprobación de la “Ley de Procedimientos Médicos y Asistenciales de mujeres y personas gestantes frente a la Muerte Perinatal”, más conocida como Ley Johanna, que establece que un protocolo de procedimientos médicos y asistenciales para enfrentar la difícil situación de una madre o persona gestante de decidir cómo continuar con el parto de su bebé fallecido dentro del vientre. La legislación, se aplica a partir de las 22 semanas de embarazo hasta los 7 días después del nacimiento.
La normativa, se aplica tanto en el ámbito público como en el privado de la atención de salud en todo el territorio nacional y busca, entre otras cosas, dotar a los médicos, enfermeros y otros profesionales la capacitación de los procedimientos estandarizados a facilitar la atención a aquellas mujeres y familias que enfrentan una muerte perinatal. Además, se enfoca en proporcionar soporte psicológico y los derechos fundamentales de los padres afectados.
Al respecto, la impulsora de la Ley y protagonista de esta historia, Johanna Piferrer, se refirió en diálogo con BigBang a los ocho años de lucha que tuvo que pasar hasta que finalmente se reglamente la normativa. “La ley Johanna fue creada a partir de una situación personal, que fue la muerte perinatal, enmarcada desde las 22 semanas hasta una semana después de nacer, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos que embarcan la problemática”, comenzó a contar.
En octubre de 2014, Johanna tenía 33 semanas de gestación y, lo que se suponía que sería un nacimiento feliz en un mes y medio, se convirtió en un pesadilla: el corazoncito de su hijo Ciro no latía más. Desde ese momento, pasó nueve horas en espera hasta poder parir, debido a que las enfermeras le decían que su caso no era prioritario e incluso la llevaron a una sala común de partos, donde otras familias esperaban a sus niños con vida. Y tal fue el shock, que no pudo despedirse de su bebé.
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“Cuando pude contar cómo había atravesado el parto de Ciro muerto, el puerperio y la llegada a mi casa en la más absoluta soledad y sin derecho a decidir de cómo quería atravesar ese parto sin vida, fue cuando empecé a recibir un montón de relatos, tanto en público como en privado, de mujeres que habían atravesado lo mismo, que lo estaban viviendo actualmente e incluso de mujeres embarazadas que luego les tocó atravesarlo y que pudieron ser más conscientes de sus decisiones”, detalló la impulsora de la ley, que además enfatizó: “Cuando una puede hablar, las demás también”.Consultada por la posibilidad de llevar la normativa al Congreso, Johanna fue contundente: “Desde nuestra organización, Eva Perón Lanús, entendemos la realidad de las personas y creamos esta ley que no obliga a nadie a hacer algo que no quiera, pero sí otorga el derecho a decidir”.
Durante ocho años, ella y su organización presentaron el proyecto en el Congreso en varios contextos y, finalmente obtuvo la sanción esperada bajo la ley de perspectiva de género. “En este recorrido, logramos construir una red para dar contención y respuesta mientras luchábamos y militábamos. Es la primera ley que aborda la muerte perinatal con perspectiva de género, derechos humanos y comunitarios del país”, dijo.
“Se trata de una ley Nacional y pretendemos que sea federal, para que todes tengamos el mismo acceso a la salud y a su aplicación en cada sector de la patria”, aseguró Johanna, pidiendo que se garantice la vigencia de la normativa.
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La normativa, según explicó Johanna, otorga el derecho a decidir, la manera de parir, los métodos de lactancia, a que se respeten las pautas culturales de la paciente, derecho le entreguen el cuerpo a los padres de la forma correspondiente y con certificados de defunción sin las siglas 'NN' - es decir, con nombre y apellido elegidos por la madre- y el acompañamiento psicológico correspondiente en cada caso.En línea con los objetivos de la norma, intimó a las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y aquellas que brinden atención al personal de la universidades y cualquier otro agente que brinde servicios médicos a los afiliados a realizar los cambios necesarios para que se garantice el acceso a este derecho.
“Le pedimos a todas los que nos han acompañado hasta ahora, defendamos nuestros derechos y nuestra patria, nuestras universidades y colegios”, pidió finalmente, debido al contexto actual por el que atraviesa la argentina, al tiempo que aclaró: “De no cumplirse (La ley), pide sanciones tanto civiles como penales para todos los responsables”, sentenció.