Diana Sacayán fue un símbolo combativo para la realidad de las travestis en la Argentina. Como parte del área de Diversidad Sexual del INADI, también líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, y Bisexuales, y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Sacayán logró cumplir con objetivos que sostenía su militancia. Hace casi tres años fue asesinada a puñaladas y golpes en su departamento, en Flores. Hoy comenzó un juicio que marcará precedentes. Será la primera vez que se utiliza la figura de "travesticidio" en Capital Federal.
El único imputado es Gabriel David Marino, quién había mantenido un vínculo amoroso con la víctima, y se continúa la investigación para hallar al menos a otra persona involucrada.
El único acusado.
Entre los logros de Sacayán, se puede citar que un mes antes de ser asesinada comenzó a aplicarse la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y ella misma fue una de las beneficiadas. En 2012, Cristina Kirchner le entregó su DNI femenino. Y ahora, hasta su muerte pasará a la historia.
Para la comunidad LGBTI+, este juicio es histórico no sólo por la expectativa de lograr justicia para la que fue una de las líderes del movimiento travesti/trans sino porque resultará el primer proceso dónde se discutirá el agravamiento por haberse cometido con “odio a la identidad de género”, además de femicidio.
A Diana la encontraron amordazada y atada de manos y pies en su departamento, ubicado en Flores. El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2015. El cuerpo tenía 27 lesiones de acuerdo con la autopsia y 13 de ellas eran puñaladas. Tenía lesiones de golpes de puño, cortes hechos con vidrio y patadas. Los que la mataron se llevaron 20 mil pesos que tenía guardados. Para escapar debieron romper la puerta.
Según figura en el expediente, Diana murió entre el 10 y el 11 de octubre, 48 horas antes del hallazgo. Para la Justicia y la División Homicidios de la PFA, que investigó el caso, debieron ser dos personas las involucradas en el crimen. Hoy comienza el juicio por el travesticidio.
Según la ong 100% Diversidad y Derechos escribieron un comunicado en el que afirman que la impunidad y la falta de investigación caracterizaban los asesinatos de travestis y trans. "En los últimos años, la visibilidad, las leyes de igualdad y la lucha de las organizaciones generaron un escenario dónde algunos casos llegaron a juicio e incluso a condenas ejemplares, pero en ninguno se aplicó la figura del crimen de odio. En uno solo de ellos, en Salta, la condena incluyó la perspectiva de femicidio, respetando la ley de identidad de género", repasan.
"Son delitos en dónde se asesina o lesiona, para someter a la víctima, censurar su identidad"
A su vez explicaron que desde la reforma al Código Penal en 2011, se estableció que el homicidio y las lesiones, cuando son cometidos “por (...) odio (...) a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”, merecen un mayor reproche, su gravedad se eleva, lesionan además de la vida o la integridad física de la víctima, al derecho mismo de la libre orientación sexual y de identidad de género.
"Son delitos en dónde se asesina o lesiona, para someter a la víctima, censurar su identidad, la motivación radica en lo que la víctima “es”, que se aparata de lo normativo-hegemónico. Por ello, la investigación y la aplicación del travesticidio profudizará el cambio cultural y jurídico, generará una reafirmación de la tutela a la población LGBTI+, que sigue aún siendo sometida a violencias por prejuicios", finalizaron.
Según se conoció, el imputado, de 23 años y oriundo de Morón, era empleado administrativo y adicto a la cocaína. Marino había conocido a Sacayán en una serie de reuniones en el CENARESO, donde se brindan charlas para recuperación de adicciones.
Según los testigos, Sacayán presentó al joven como "su chongo", es decir, su pareja ocasional. Incluso publicó una imagen del muchacho donde no sumó su nombre pero sí agregó la frase: "Mi amigo con problemas con su cinturón". Con esa imagen se buscó a Marino y se lo detuvo, poco tiempo después del crimen. Y desde ese momento permanece cumpliendo prisión preventiva.
El pedido de Justicia se instaló en las puertas de los tribunales.
En un escrito de 52 páginas, el fiscal Matías Di Lello y su colega Mariela Labozzetta, titular de UFEM, la unidad de la Procuración encargada de investigar la violencia de género, determinaron que el homicidio está triplemente agravado, por alevosía, odio a la identidad sexual y robo, por lo que Marino puede ser condenado a cadena perpetua.