22 Noviembre de 2016 21:43
Una jueza de Santiago del Estero dictó hoy el primer fallo judicial contra Orlando Canido en el largo conflicto que enfrenta al dueño de la empresa de gaseosa Manaos con las comunidades campesinas de la provincia.
La magistrada Rosa Falco le ordenó al empresario que saltó a la fama con una formidable campaña publicitaria que se abstenga de aproximarse a viviendas o lugares de trabajo y estudio de la comunidad guaycurú Iaku Cachi de Bajo Hondo, en el este provincial, donde el empresario fue denunciado penalmente por reiterados intentos de desalojo violentos.
Según informó la agencia Télam, la jueza Falco dispuso las restricciones, que rigen para ambas partes en un radio de 500 metros, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Natalia Gramajo -en representación de la comunidad contra Canido- y dos allegados, Ladislao Letonai y Adrián Corico, señalados en esas denuncias como sicarios.
Canido, protagonista del más grave conflicto de tierras de 2016.
Como anticipó BigBang a principios de octubre pasado, el conflicto con Canido escaló hasta niveles impensados y llegó hasta el Congreso de la Nación, donde el empresario fue denunciado.
"Esta es la primera respuesta judicial efectiva durante este largo año de ataques periódicos y violentos, y en la misma se reconoce en este conflicto territorial a la comunidad como poseedora ancestral", dijo hoy a Télam la abogada Gramajo, integrante del equipo jurídico del movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.
Entre julio y septiembre últimos, la comunidad Iaku Cachi y el Mocase-VC denunciaron judicialmente varios intentos de desalojo violentos que atribuyeron a grupos armados al servicio de Canido, en el más grave conflicto de tierras de este año, según la evaluación del Comité de Emergencia de la Jefatura de Gabinete provincial.
Por el último de estos ataques, perpetrado por unas 15 personas el 24 de septiembre de este año, Canido fue denunciado ante el juez Darío Alarcón por instigar la destrucción de viviendas e instalaciones, el envenenamiento de pozos de agua y heridas causadas a un poblador, entre otros delitos.
Ese día "tres camionetas de la empresa Manaos cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron a los tiros a la comunidad indígena Guaycurú de Bajo Hondo".
Bandas armadas con pistolas y rifles ingresaron a la comunidad Guaycurú en setiembre.
Tras un ataque similar en julio, la jueza provincial María Martínez Llanos había ordenado restituir sus tierras a la comunidad Iaku Cachi pero sin detener ni desarmar a la "banda armada de entre entre 40 y 50 personas encabezada por Canido" que las había ocupado, informó en ese momento el Mocase-VC.
En este marco, a comienzos de agosto "interpusimos un amparo con el fin de obtener la protección de los derechos de la comunidad y obtener la identificación de los miembros de la banda armada contratada por Canido y liderada por el sicario Lachy Letonai", recordó la letrada.
Canido es un empresario con llegada al poder desde hace tiempo. Tuvo buen vinculo con el gobierno durante los años del kirchnerismo y hasta se le atribuyó una relación estrecha con Amado Boudou.
Sin embargo, en agosto pasado, el dueño de Manaos logró que el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y la intendenta peronista Verónica Magario asistieran a la inauguración de la planta de la empresa en Virrey del Pino.
La planta que produce 2,7 millones de botellas diarios y es una de las fábricas más modernas de América Latina.
Canido con el presidente Macri y la gobernadora Vidal, en agosto pasado.
"Pese a la vía expedita elegida por el equipo jurídico, la respuesta no fue inmediata y desde entonces se sucedieron otros hechos violentos, como el del 24 de septiembre, en el que fue herido un compañero", agregó.
Recién este mes la jueza Falco notificó las medidas que dispuso al hacer lugar al amparo presentado por la comunidad Iaku Cachi.
"Esta medida no sólo protege la integridad física sino también derechos constitucionales violados por el señor Canido y sus empleados, es decir, los derechos a la vivienda, a los bienes, a un ambiente sano y a la libre circulación", señaló Gramajo.
"Es la primera respuesta judicial efectiva", dijo la abogada del MOCASE.
En cuanto a la causa penal a cargo del juez Alarcón, "no existe resolución ni medida alguna, más que el secuestro de dos camionetas identificadas por los miembros de la comunidad" durante el ataque de septiembre, pese a la prueba ofrecida "de todo tipo, documental, testimonial, informativa".
El equipo jurídico del Mocase-VC intimó en esta causa "un pronto despacho" y reservó la posibilidad de ir en queja ante el tribunal de alzada "por la inacción del juzgado de instrucción", concluyó.
Hasta ahora, Canido ha decidido no hablar públicamente del conflicto de tierras en el que está involucrado ni referirse a los ataques armados que denuncian las comunidades campesinas de Santiago del Estero.
Según publicó Clarín, el dueño de Manaos afirma ser el dueño de las tierras y cuenta con una orden de desalojo que hasta el momento no pudo llevar a la práctica como hubiera querido.
