13 Octubre de 2020 13:12
Un llamativo hecho, que derivó en una denuncia, ocurrió en el hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad salteña de Tartagal. Ramón Juárez había ingresado el jueves 8 de octubre al nosocomio por un problema cardíaco: quedó internado por una arritmia.
Al día siguiente recibió el alta, pero su familia lo volvió a trasladar el sábado porque su cuadro de salud se había complicado. “Regresó con un cuadro de insuficiencia respiratoria, un síntoma clínico vinculado con COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Y no es un criterio u opinión de esta gerencia sino que es una medida protocolar propia de la pandemia”, aseguró Juan Ramón López, gerente del hospital de Tartagal.
El hombre finalmente falleció ese mismo sábado por la noche y su hija, que había hecho los trámites correspondientes para que le entregaran el cuerpo, no tuvo la mejor idea que secuestrar el cuerpo para velarlo y darle santa sepultura. Según relató la mujer, las autoridades del hospital se negaron a entregarle el cuerpo debido a que el certificado de defunción decía que “murió por supuesto COVID” y tenía que someterse a un análisis.
Muy angustiada, la hija de Ramón buscó convencer a los médicos para que le entreguen el cuerpo de su papá, pero no hubo respuestas. Por eso, los familiares del fallecido amenazaron con viralizar su situación en las redes sociales y hacer marchas en la puerta del hospital para visibilizar su reclamo. “Me respondieron que si nosotros quemábamos cubiertas, ellos nos iban a cremar a mi papá y él no murió por COVID”, aseguró su hija.
Furiosa y sobre todo dolida por esta situación, la familia del difunto hombre -alrededor de 20 personas- decidió irrumpir a la fuerza el domingo por la mañana en el hospital, se dirigió a la morgue, cargó el cuerpo en una camilla, lo subió a su camioneta y se lo llevaron a su casa. Por esta razón, el gerente del hospital Juan Domingo Perón denunció penalmente a los familiares directos de Ramón Juárez tras lo sucedido.
Según explicó, el hombre "tenía los pulmones totalmente colapsados. Puede haber sido a consecuencia de su problema coronario, pero puede ser que haya sido a consecuencia de COVID-19, por tanto y por protocolo lo que corresponde es tratarlo como sospechoso”. Al mismo tiempo, explicó que los familiares tendrían que haber ido al Registro Civil para obtener la autorización para retirar el cuerpo.
De esta manera, la empresa de servicios funerarios o el municipio en caso de ser carentes de recursos, le hubieran hecho entrega del ataúd sellado con el cuerpo adentro. “El certificado de defunción decía que la causa de fallecimiento era por sospecha de COVID-19 y la familia pretendía que le cambiemos y le pusiéramos otra causa, pero eso no puede hacerse”, explicó López.
Y concluyó: “La actitud de esta gente no fue de dolor, fue de violencia, amenazaron al personal, se comportaron de forma patoteril”. Relató, además, que “en el domicilio bañaron al occiso y lo cambiaron para luego velarlo. Fue vergonzoso e indignante hasta para la propia persona fallecida el trato que le dieron, por eso hicimos la denuncia penal y estoy ampliando la misma porque eso no puede suceder de nuevo”.
Finalmente, la hija del fallecido manifestó que el hospital los obligó a actuar de esa manera y cerró: “Tuvimos que sacarlo como un delincuente a mi papá del hospital porque nos amenazaron que lo iban a cremar. Yo lo tuve que sacar del hospital, subirlo a mi camioneta con la camilla del hospital y traerlo a mi casa para poder velarlo y despedirme. Mi papá no es un perro para que me lo cremen. Mi papá tenía arritmia y lo querían internar en el sector COVID".
