31 Agosto de 2016 08:30
Suiza aceptó entregar información a la justicia argentina sobre diez cuentas bancarias relacionadas con Lázaro Báez, según informó el vocero oficial de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de ese país, Folco Galli.
El pedido de “pruebas documentales” de las diez cuentas del empresario kirchnerista había sido realizado por el Juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.
La Justicia de Suiza aportará pruebas sobre las cuentas de Báez.
El escrito precisó: “Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo del caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución".
El exhorto argentino requirió datos sobre una presunta cuenta de Báez en el banco PKB, así como otras cinco en la entidad bancaria Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos del dueño de Austral Construcciones (Leandro, Luciana, Martín y Melina).
El Juez recibió respuesta al exhorto enviado a Suiza.
Dos de esas cuentas figura a nombre de la sociedad española Wodson International SA, originalmente dependiente de Helvetic Services Group, financiera cuyo titular es el argentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza y que además compró la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.
El propio Báez aceptó que recibió de esta financiera un préstamo por US$ 33 millones de dólares, una maniobra que la Justicia investiga si se realizó para ingresar de nuevo el dinero al país.
La financiera Helvetic compró SGI.
La solicitud argentina pedía que se "busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo" y "los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Báez", entre 2012 y 2013.
Los fondos, según el exhorto, provendrían de "una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas, que le permitió (a Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito".
Además agregó: "Con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto acto de corrupción y criminalidad organizada".
