02 Agosto de 2019 18:49
El último sábado, la empresa de delivery Glovo se convirtió en noticia a raíz del accidente que sufrió uno de sus repartidores. Pero el motivo no fue la emergencia en sí, sino la insólita respuesta que recibió el empleado de parte de la app al informar que había sido atropellado mientras repartía comida.
La firma no solo no le preguntó cómo se encontraba su salud, sino que además buscó en reiteradas oportunidades saber en qué condiciones se encontraba el pedido. Por el caso, desde Glovo emitieron un comunicado en el que reconocieron su error.
A casi una semana de aquel accidente, el juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, ordenó suspender la actividad de reparto de mercaderías y entrega de sustancias alimenticias a domicilio en bicis y en motos que son utilizadas por Rappi, Pedidos Ya y Glovo, en toda la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el magistrado dispuso que Visa, Mastercard, American Express suspendan y bloqueen las operaciones de esas empresas porque considera que no cumplen con la legislación vigente. La resolución busca cumplir con lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en la causa denominada "Envíos Ya", la cual busca suspender el uso de estas apps.
En esa línea, el juez le solicitó a la Policía de la Ciudad que ejecute operativos para detectar infractores. En el caso de que las fuerzas de seguridad identifiquen ciclistas o motociclistas que estén trabajando en el transporte de mercadería en condiciones de seguridad que no son las ideales, deberán decomisar la caja portaobjetos y su contenido.
Según Gallardo, las tres empresas de delivery no cumplen con la Ley 5526 y advirtió que no pueden obligar a sus empleados a costear sus propias herramientas de trabajo: como bicis, mochila y casco. "Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas", afirmó el juez.
Tanto Rappi, Pedidos Ya y Glovo podrán conseguir una rehabilitación provisional si presentan la lista completa del personal afectado en dos días: tendrán que acreditar que están registrados en cumplimiento de las normas laborales y previsionales. A su vez, deberán pagar una multa de diez mil pesos mediante el embargo en sus cuentas bancarias por cada irregularidad detectada.
