A partir de este sábado, las tarifas de electricidad y gas sufrirán nuevos incrementos, con aumentos del 1,5% y 1,6%, respectivamente. Si bien desde el Gobierno insiste en que la suba busca "garantizar un suministro sostenible y equitativo", la realidad es que la medida representa un nuevo golpe al bolsillo de los hogares de ingresos bajos y medios, que nuevamente verán reducidos sus subsidios.
Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial no solo confirman el ajuste, sino que además profundizan la quita de beneficios para los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3). Mientras que los hogares de ingresos altos (N1) ya pagan el costo pleno del servicio, los sectores más vulnerables seguirán absorbiendo el impacto de una política energética que busca acelerar la eliminación de los subsidios en favor del equilibrio fiscal.
El aumento se presenta como "menor" en términos porcentuales, pero la clave está en la reducción de los descuentos aplicados a los costos de generación y distribución. En electricidad, el bloque subsidiado para usuarios de ingresos bajos pasa de una bonificación del 72% al 65%, lo que implica un fuerte incremento en el costo del megavatio-hora (MWh). Los hogares de ingresos medios, por su parte, verán reducida su bonificación del 55% al 50%, pagando más caro el consumo básico.
En el caso del gas, las tarifas también se ajustan con la misma lógica. Los hogares de ingresos bajos apenas recibirán un 1% más de subsidio, mientras que los de ingresos medios verán reducirse su descuento, lo que los obligará a afrontar mayores costos en su factura mensual. Mientras tanto, los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias seguirán pagando el precio de referencia, que en el caso del gas equivale a US$3,085 por millón de BTU.
Desde la Secretaría de Energía, se argumenta que la medida busca "simplificar procesos y desburocratizar el Estado", trasladando los pagos de compensaciones directamente a los productores en lugar de a las distribuidoras. Sin embargo, en la práctica, el cambio implica una profundización del ajuste, acelerando la quita de subsidios y trasladando el peso de la factura a los usuarios. En paralelo, se suman otros incrementos en los servicios esenciales.
AySA aplicará una suba del 1% en las tarifas de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando a millones de hogares. Además, el sector de los combustibles presiona por un aumento en los surtidores, argumentando un retraso del 5% en los precios locales respecto del alza del crudo a nivel internacional. El objetivo final del Gobierno es claro: reducir subsidios y garantizar el superávit fiscal, sin importar el impacto en los sectores más vulnerables. En un contexto de creciente inflación y pérdida del poder adquisitivo, estos ajustes significan un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores y las familias de ingresos medios y bajos, que deberán enfrentar aumentos que, aunque presentados como "moderados", esconden una realidad preocupante: el fin progresivo de los subsidios y el encarecimiento de servicios básicos.