18 Agosto de 2016 20:56
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso freno al aumento de la tarifa de gas para los usuarios residenciales obliga al Gobierno a realizar una audiencia pública y retrotrae la situación al mes de abril cuando se dictaron las resoluciones del Ministerio de Energía.
Audiencias
La Corte, encabezada por Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el Gobierno debe respetar el artículo 42 de la Constitución Nacional, que después de la reforma de 1994, incorporó el derecho de los consumidores a recibir una información veraz y a participar como usuarios en las discusiones tarifarias.
Las audiencias son obligatorias, pero no son vinculantes. Es decir, que cuando sean convocadas el Gobierno puede insistir en aplicar el mismo esquema tarifario que fue cuestionado por jueces de todo el país, antes de llegar al máximo tribunal después del fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió los incrementos.
Tarifa social
En su fallo, la Corte resolvió que siga vigente la tarifa social para los sectores más vulnerables, dispuesta por el gobierno después que comenzaran a llegar las nuevas facturas y se conocieran los reclamos de quienes menos tienen.
Residenciales y no residenciales
Todos los otros segmentos que no están incluidos en los usuarios residenciales quedaron fuera del freno de la Corte. La Cámara Federal de La Plata y el dictamen de la Procuradora Alejandra Gils Carbó incluía el freno del aumento en todas las categorías, pero la Corte no quiso acompañar.
De esta manera, el revés para el Gobierno es menor, porque el freno llega sólo para el 25 del total. Tras el fallo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien participó de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, proyectó: "El objetivo del Gobierno es que en cuatro años no sólo baje el precio de la energía a través de inversiones sino también los subsidios del Estado para pagar la tarifa".
Amparos
Los comerciantes, pymes, empresas, clubes, o sociedades de todo tipo que quieran conseguir un freno en la tarifa, deberán realizar planteos judiciales en forma individual o en forma colectiva, siempre y cuando tengan un interés común. En esta línea, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó su preocupación por la vigencia del “tarifazo” en sectores sensibles como las Pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas.
Este universo representa más del 90% de las unidades productivas y genera el 80% del empleo, por lo que según Apyme "mantener el incremento de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente".
Topes
Después de los reclamos públicos por el incremento
tarifario
, el gobierno puso un topo de un 400 por ciento en el incremento para las
tarifas
de usuarios residenciales y de un 500% para todo el resto. El fallo de la Corte anula ese 400% porque lleva la situación al mes de marzo, pero el 500% sigue vigente porque todo el resto quedó fuera de lo resuelto por el máximo tribunal.
