Eran tres viviendas situadas en la villa 31, en Retiro, que eran usadas por las bandas narcos como aguantaderos o kioscos para la venta de drogas. Y ahora, después de la intervención del Estado en el territorio, serán destinadas a fines sociales en beneficio de los vecinos del barrio.
Esto es consecuencia de una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó este martes la entrega de tres domicilios ubicados en el interior de la villa 31 al Ministerio Público de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las viviendas será destinada a la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público para que lo destine a su programa ATAJO para la creación de una “Biblioteca popular de Derecho”.
La Policía Federal hizo una serie de operativos en la villa.
Los otros dos inmuebles serán entregados a las autoridades de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la construcción de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral y un Centro Educativo para Adultos.
“En la resolución, el magistrado explicó que se verificó que aquellos sitios eran utilizados exclusivamente para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes, por cuanto se constató que en los mismos se comercializaban, almacenaban, fraccionaban y distribuían las sustancias secuestradas, así como también servían para el resguardo de armas de fuego”, informó la Corte Suprema.
El juez advirtió además “la existencia de fundados riesgos de que los domicilios sean reutilizados para aquellos fines ilícitos, ya sea por otras bandas o por integrantes de la misma organización criminal investigada que están siendo buscados”.
Los detenidos en el operativo realizado meses atrás.
Tanto el juez como el fiscal federal Jorge Di Lello hicieron especial hincapié en la necesidad de dar respuesta a los problemas que se suscitan en esta clase de investigaciones -en las que se observa que el tráfico de estupefacientes afecta a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad-, mediante la entrega de los inmuebles a los mencionados organismos, los cuales en definitiva atienden a la prevención de adicciones y a la inclusión social de las personas.
“La decisión fue adoptada en el marco de la causa en la que el pasado 22 de abril se decretara el procesamiento con prisión preventiva de 14 imputados por los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por llevarse a cabo de manera organizada y con la intervención de tres o más personas, quienes utilizaban para ello distintos lugares y locales de comercio, algunos en inmediaciones de establecimientos educativos y deportivos, y concretándose el comercio de estupefacientes entre menores de edad, en concurso real con la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso condicional, en concurso ideal con la tenencia ilegítima de explosivos”, agregó el Centro de Información Judicial.
El fiscal Di Lello había pedido al juez Lijo que destinara las viviendas a fines sociales, con la idea de que esta solicitud “no sólo sería una tranquilidad para los vecinos del lugar, sino que, sin dudas, no será jamás otro punto sensible para la lucha contra este tipo de organizaciones delictivas, y por otro lado, así se evitaría un deterioro propio de las edificaciones por el paso del tiempo”.
El fiscal federal dijo que “estoy convencido de que, más allá de la incursión judicial tendiente a secuestrar la sustancia prohibida y comercializada, y detener a los responsables de su almacenamiento, fraccionamiento, custodia y/o venta, el Estado y sus operadores -de los cuales este Ministerio Público es parte según mandato constitucional-, debe posicionarse en el asentamiento, recuperar el territorio ocupado por organizaciones criminales para el ejercicio de sus actividades, evitar que vuelvan a desarrollarse, cumpliendo con su función de seguridad y asistencia social allí donde más se la necesita”.