por Agustin Gulman
28 Noviembre de 2017 12:28
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, denunció a la empresa UBER por evadir aportes y contribuciones patronales, al considerar que los choferes son empleados en relación de dependencia y que la compañía omitió registrarse como empleadora ante la AFIP. La semana pasada, en otro expediente, la Justicia había solicitado la detención del director de la compañía en la región, Mariano Xavier Otero, por el delito de “evasión tributaria agravada”.
El fiscal De Vedia investiga la causa a raíz de una denuncia anónima, que apuntaba a la empresa UBER Argentina SRL por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social en infracción del Régimen Penal Tributario. La UFISES reveló que en el vínculo entre UBER y los choferes existen elementos de “subordinación jurídica, técnica y económica que conforman las relaciones laborales dependientes”.
La empresa arribó a la Argentina en marzo del año pasado.
Para el fiscal De Vedia existen varios elementos que permiten determinar esa supuesta relación de dependencia entre los choferes y UBER. La central es que “la empresa determina la forma en que debe llevarse a cabo la actividad”. En un informe al que tuvo acceso BigBang, el fiscal detalló que los conductores deben cumplir con una serie de requisitos básicos, como la puntualidad, el conocimiento de rutas directas y la limpieza del vehículo, entre muchas otras.
Para el fiscal, la empresa “pretende camuflar esas directivas como meras 'recomendaciones y sugerencias'”, aunque comprobó que “su incumplimiento reiterado puede generar la desvinculación de los conductores”.
UBER despertó rechazo entre los taxistas.
Además, De Vedia señaló que el sistema de calificaciones de usuarios y choferes permite “desvincular” a los conductores “desobedientes” o “impedirles que participen de diferentes beneficios”. Otro foco que es clave para el fiscal es la utilización del sistema de localización GPS, que controla a choferes y pasajeros. “En ese caso existe un sometimiento de los choferes a la potestad del empleador, no solamente en lo que atañe a la forma en que debe prestarse la labor, sino puntualmente a la relación jerárquica, que se evidencia en la imposición de órdenes y en la facultad de sancionar el incumplimiento”.
Para De Vedia, durante la investigación se prueba que los conductores de UBER se “incorporan a una organización que les es ajena y la empresa establece unilateralmente la forma en que debe prestarse el servicio y las directivas que deben cumplir”. En su investigación, el fiscal destacó que “prácticamente todos los tribunales internacionales se han inclinado por considerar que los conductores que operan vía UBER son empleados dependientes de la empresa”.
Para el fiscal, hay probada una relación de dependencia entre UBER y los choferes.
Por último, el fiscal exigió que la AFIP actúe con celeridad para evitar que “el perjuicio que actualmente está causando UBER sobre el sistema de la seguridad social se incremente”.
Por otra vía judicial, la Fiscalía porteña solicitó la prisión preventiva del CEO de UBER la semana pasada, por el delito de evasión de impuestos, por un monto que supera el millón de pesos durante el ejercicio 2016.
La batalla entre UBER y el Gobierno porteño tiene ya más de un año y medio. Desde marzo de 2016, cuando la compañía arribó al país con sus operaciones, las autoridades del Ejecutivo buscaron suspender la actividad. Hicieron varias denuncias por delitos penales. De hecho, la Secretaría de Transporte que conduce Juan José Méndez aplicó varias multas a choferes del servicio, por no contar con la documentación que lo habilite a transportar pasajeros.
