Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tras lo cual aportaron recomendaciones urgentes para las funciones que lleva a cabo.
Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y, como si eso no fuera suficiente, el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos.
Por eso mismo, las organizaciones que integran IED presentaron una serie de recomendaciones en cuanto al trabajo que hace el organismo.
En líneas generales, se le pide a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061. Entre ellas, iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA. Po otro lado, se habla de ñiorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse.
Sucede que el primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias.
Por eso, las recomendaciones urgentes son concretas.
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Una de ellas tiene que ver con la gavísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a NNyA de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría puede hacer valer por los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061.
Por otra parte, IED recomienda a la Defensoría acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.
Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.