El Gobierno anunció un nuevo incremento en las asignaciones familiares, pero el número no convence a nadie. Con una suba de apenas el 2,4%, que se aplica a partir de abril, el ajuste queda muy por debajo de la escalada inflacionaria que azota a los hogares argentinos. Mientras los precios de los alimentos y servicios básicos suben sin freno, el Estado otorga aumentos que, lejos de mejorar la situación de las familias más vulnerables, apenas representan una aspirina para una economía en terapia intensiva. Según lo establecido por la Resolución 186/2025 de la ANSES, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará fijada en $102.705 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que los habitantes de la Zona I (Patagonia y parte de Buenos Aires) recibirán $133.517.
Estas cifras, a simple vista, podrían parecer considerables, pero que pierden todo valor al enfrentarlas con el aumento del costo de vida. El problema radica en que el 2,4% de aumento se basa en la inflación de febrero, sin contemplar la aceleración de los precios en los últimos meses. En un país donde la canasta básica alimentaria supera ampliamente los ingresos de millones de argentinos, este ajuste no alcanza ni para compensar el aumento de un solo producto esencial en la mesa de cualquier familia.
Además, las asignaciones familiares para trabajadores registrados también fueron ajustadas de manera mínima. Para aquellos cuyo ingreso familiar no supere los $795.177, la prestación será de $51.355 por hijo, mientras que quienes superen ese umbral y lleguen hasta $1.166.207, recibirán $34.640. En un contexto donde el salario real se encuentra en su peor nivel en décadas, la ayuda del Estado se muestra claramente insuficiente.
Los monotributistas también están en la lista de los afectados. Dependiendo de la categoría, recibirán desde $51.355 hasta un mínimo de $10.807 por hijo. Mientras tanto, el umbral de ingresos para acceder a las asignaciones también genera injusticias: si un miembro del grupo familiar gana más de $2.105.438, toda la familia queda excluida de recibir el beneficio, sin importar la suma total del ingreso del hogar.
La medida también excluye a los trabajadores eventuales y temporales de ciertos sectores, así como a quienes reciben la ayuda escolar anual, cuyo monto sólo se actualiza una vez al año. Esto significa que, en medio de un contexto inflacionario brutal, las familias deben hacer malabares con montos que quedan completamente desactualizados en cuestión de semanas. El gobierno intenta vender esta medida como un alivio para los sectores más golpeados por la crisis, pero la realidad es que el incremento resulta una burla. Lejos de representar una solución, este parche no hace más que profundizar el deterioro del poder adquisitivo de quienes dependen de estas ayudas.
Mientras tanto, las cifras de pobreza y desigualdad continúan escalando, sin que se vislumbre una estrategia real para revertir la situación. Con aumentos insuficientes y una inflación que no da tregua, la política de asistencia social del gobierno parece cada vez más una estrategia de supervivencia mínima que una verdadera herramienta de contención para los sectores más vulnerables.