24 Noviembre de 2022 15:00
Siguen los aumentos. A partir del mes que viene, los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires volverán a incrementar sus cotas: esta vez, la suba será del 14,5 por ciento. En total, los incrementos autorizados por el Gobierno porteño para el sector superan el 100 por ciento interanual.
Si bien el incremento original debía ser del 10 por ciento, el aumento logrado en la paritaria docente permitió que ese 4,5 extra también se sume a la nueva tarifa que finalmente abonarán los vecinos.
Lo más fuerte es la estadística anual, la cual entre diciembre de 2021 y el mismo mes de este año, registró un incremento de un 102 por ciento. Una cifra cercana a la paritaria de los Camioneros o los Bancarios, pero con una cantidad enorme de trabajadores precarizados que con suerte lograron conseguir un poco más de la mitad de esa cifra.
Lo más paradójico de todo esto es que cada institución privada de la Ciudad recibe un subsidio de entre el 40 y el 100 de sus sueldos curriculares, aunque no de las actividades extracurriculares y los salarios de los no docentes.
En aquellos colegios que se subsidian por completo, las cuotas no podrán exceder en 2023 los 4.519 pesos, mientras que en aquellas que se subsidian sólo cuatro quintas partes del total, alcanzará los 8.535.
Por otro lado, de acuerdo a la Secretaría de Comercio de la Nación, quedó prorrogado hasta el 30 de noviembre el plazo para que los privados presenten la información arancelaria del próximo ciclo lectivo, de acuerdo a la Resolución 61/2022 publicada en el Boletín Oficial.
La realidad del sistema educativo de la Argentina no es la misma que hace 20 ó 30 años, cuando la mayoría de los alumnos pertenecía al sistema público de enseñanza y era una minoría la que iba a las escuelas privadas, las cuales en su gran mayoría eran religiosas y contaban con apoyos institucionales que apuntalaban su situación económica.
Esto ha cambiado mucho en los últimos años, en los cuales hubo un traslado del alumnado entre los dos espacios y una transferencia de recursos hacia las instituciones no estatales, las cuales muchas veces son subsidiadas en un 80 por ciento de los sueldos docentes y otras veces hasta en su totalidad.
