La organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamerican) lanzó un informe anual que arroja resultados preocupantes: durante el 2018 se produjeron en Argentina 259 femicidios, con 229 víctimas mujeres, 26 femicidios vinculados y cuatro travesticidios. Así, en nuestro país, el año pasado trajo un femicidio cada 34 horas.

En relación a las víctimas, el 53% de las mujeres asesinadas tenían edades de entre 16 y  40 años. El 21% ya había denunciado previamente al victimario por algún hecho de violencia, mientras que el 13% había logrado el dictamen de alguna medida judicial de protección. 

Un 7,5% de las fallecidas eran niñas y adolescentes menores de 15 años. De ese total, un 59% fue violada o abusada por el femicida y el 59% tuvo como victimario a un miembro de su familia. Como producto de los hechos cometidos en el 2018, 282 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos, 89 de ellos menores de 12 años.

Además, su propio hogar sigue siendo el lugar más inseguro para una mujer: el 42% de las víctimas convivía con su asesino, mientras que el 62% de los femicidios tuvo como escenario el lugar de residencia.

El 79% de los victimarios pertenecía al círculo cercano de la mujer asesinada: el 61% eran parejas y ex parejas. En el 30% de los casos, los femicidios fueron cometidos con arma blanca y en el 26% con armas de fuego, mientras que el 17% de las víctimas fueron atacadas a golpes y el 16% asfixiadas. 

Un 7,5% de los femicidas, mientras tanto, pertenecen a las fuerzas de seguridad: el 70% de ese total son policías, 10% militares, 10% policías retirados y 10% militares retirados o pasivos.

La necesidad de compromisos políticos

"Estamos en una situación de meseta", explica Betiana Cabrera Fasolis, médica y miembro de MuMaLá, en diálogo con BigBang. "Es negativo que los números no hayan descendido en un momento de avanzada del feminismo y mayor visibilización de los tipos de violencia". 

En ese sentido, aunque reconoce que "los esfuerzos estatales y privados vinculados a la asistencia y a la sanción de la violencia ya consumada, más allá de las críticas, han avanzado", los gobiernos "no muestran la voluntad de encarar un profundo cambio cultural para erradicar el machismo y el patriarcado internalizado". 

"No lo hacen porque son políticas a largo plazo que no implican cortar ninguna cinta y no tienen que ver con el marketing político sino con un compromiso a largo plazo. Y, además, generan un costo político porque lleva a confrontar con sectores conservadores", agrega Cabrera Fasolis poniendo como ejemplo de esas medidas "la aplicación de la Educación Sexual Integral, que parte de la discusión de roles y estereotipos". 

En ese punto, es crítica también la magra asignación de recursos a los programas oficiales destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género: en el presupuesto 2019 presentado por el gobierno de Mauricio Macri, se asignan sólo 11,36 pesos por mujer a este fin. 

Esta planificación es, al mismo tiempo, desigual si se comparan las grandes ciudades con el interior. "En ciudades o pueblos más pequeños, muchas veces no sabés qué equipo interdisciplinario puede recibir y aconsejar a una mujer víctima de violencia, sus integrantes están sometidos a contratos basura y muy mal pagos", explica Cabrera Fasolis. 

Paralelamente, la especialista advierte que el sector privado también debería tener "responsabilidades de compromiso de tolerancia cero a la violencia de género, incorporando protocolos e instancias de sensibilización" en su trabajo cotidiano.