22 Mayo de 2020 17:49
Un funcionario de Aduanas y un agente de transporte fueron detenidos cuando acababan de ingresar a Paraguay por el puente fronterizo ubicado en Posadas, Misiones, con más de 500 mil pesos y 35 tarjetas de débito que aparentemente correspondían a paraguayos con doble nacionalidad que cobran planes sociales en la Argentina.
Se trata de Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, los cuales fueron puestos en libertad por orden de la Fiscal paraguaya Angelina Arriola. “Son argentinos que prestan servicio del lado paraguayo, se encargan de hacer la verificación y control de carga de los camiones”, dijo el administrador de la Aduana paraguaya en Encarnación, Alcides Brizuela.
Las detenciones se concretaron anoche cuando los dos ciudadanos argentinos se hallaban en la cabecera paraguaya del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, fronterizo con Posadas. “Si bien no prestaron declaración aún, el Ministerio Público presume que estas personas cobraban el aporte de argentinos y aprovechaban el permiso de circular que tenían por trabajar en la Aduana”, dijo Arriola.
A partir de ahí, se inició un sumario administrativo para determinar si el empleado detenido estaba cometiendo algún delito, al tiempo que se dispuso su traslado a otra dependencia y se le dio de baja al certificado de circulación que le otorga el organismo.
Además, la Aduana se presentó en una fiscalía de Posadas para que se investigue judicialmente a los involucrados. El Jefe de la Dirección contra hechos punibles económicos de la Policía Nacional en Encarnación, subcomisario Alcides Añasco, confirmó que en el procedimiento se incautaron aproximadamente 500.000 pesos que estaban divididos en pequeños fajos.
El dinero incautado fue hallado en la baulera de la motocicleta en la que se desplazaban. Las autoridades presumen que los hombres fueron contratados como una suerte de “delivery” por residentes en el Paraguay para que puedan ir a cobrar el dinero de sus pensiones y jubilaciones en Argentina y posteriormente llevarlos hacia ese país.
De acuerdo a lo expresado por Añasco, esta práctica no representa ningún hecho punible teniendo en cuenta que el monto incautado no supera los U$S 10.000 mínimos requeridos. Por cada trámite, Rodríguez y Romano percibían entre 2.000 y 3.000 pesos..
