22 Agosto de 2017 18:37
Era una forma de operar que parece repetirse en todos los pueblos de la provincia de La Pampa. La fiscal federal Adriana Zapico pidió que vayan a juicio oral Jorge Luis Cabak, intendente de la localidad pampeana de Macachín, y Hugo Mario Iglesias, ex comisario de esa localidad.
Los dos fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario públicos en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios, por haber permitido la explotación comercial de un histórico cabaret situado en esa localidad, donde se ejercía la prostitución.
Es el segundo caso en que un intendente y un jefe policial pampeanos son acusados de complicidad en la trata y explotación sexual. En junio de este año fue condenado el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, a cinco años de prisión, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El intendente Cabak fue acusado de complicidad en la trata.
En ese juicio también fueron condenados el comisario Carlos Alanis y el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Este fue considerado autor principal del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de acogimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.
En el caso de Macachín, la investigación se centró en el cabaret La Chicho Show, donde se constató que existían habitaciones donde las mujeres ejercían la prostitución y los dueños del local se quedaban con una parte del dinero.
El cabaret ya salió en las páginas de los diarios, cuando se realizó un allanamiento en diciembre de 2015, para buscar a Marita Verón, la mujer tucumana, que fue secuestrada por una banda de esa provincia dedicada a la trata y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
El cabaret funciona hace varios años en Macachín.
La fiscal Zapico consideró que el intendente Cabak “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno 'La Chicho Show' no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”.
La fiscalía sostuvo también que Cabak “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.
Los restos de Marita Verón fueron buscados en ese cabaret.
“A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de 'La Chicho Show' - en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga 'pases' - cabe preguntarse ¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias”, concluyó Zapico en su dictamen, según informó el sitio Fiscales.
