Tres de cada diez hombres denunciados sus parejas por casos de violencia de género violaron las restricciones impuestas por la Justicia y en uno de cada cuatro casos se denunciaron nuevas agresiones, lo que refleja las limitaciones de la Justicia para prevenir nuevos ataques.
El caso más reciente que tiene esas características es el de Cintia Laudonio, la mujer asesinada por su ex pareja el último domingo, después de haber realizado tres denuncias contra el hombre, por lo cual la Justicia había ordenado restricciones domiciliarias que fueron violadas por el agresor.
Los datos surgen de un informe elaborado a partir de datos brindados por los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuito y especializado en víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación. La mayoría de casos son para obtener medidas de protección en el fuero civil con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
“En el 42% de las veces, las personas asistidas se encontraban en una situación de riesgo alto o altísimo; en el 41 % de los casos, en una situación de riesgo medio, y sólo el 5% de los casos se consideraron como de bajo riesgo o sin riesgo”, dice el informe.
En nueve de cada diez casos, ya habían hecho la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y habían obtenido al menos alguna medida de protección. Sin embargo, en más de la mitad de esos casos (53%), fue necesario requerir nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron concedidas (94%).
“Además, en más de la mitad de los procesos (54%), la notificación de las medidas de protección otorgadas judicialmente quedó a cargo de la denunciante, lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas”, agrega el trabajo.
El informe consigna que el 52 % de las denunciantes y el 57 % de los denunciados, tienen entre 30 y 49 años. En el 89 % de los casos, mantienen o mantuvieron una relación de pareja. De esos casos, el 22% de las veces se trata de un vínculo actual, mientras que en el 78 % restante la relación había concluido. El 57% de este subgrupo manifestó que la separación intensificó los episodios de violencia.
En cuanto al nivel de educación formal, se encontró que la mitad de las denunciantes se encuentra en la franja de bajo nivel educativo (comprende primario completo e incompleto y secundario incompleto), con las implicancias en términos de acceso a información y recursos materiales y simbólicos que esto conlleva en términos generales y en el acceso a la justicia en particular.
El 87 % de las asistidas son madres y, de ellas, una alta proporción tienen hijos/as en común con la persona denunciada (81% de las madres, 70% del total de asistidas). En más de la mitad de los casos (56%), los agresores sufren algún tipo de adicción, asociadas al consumo problemático de alcohol y drogas.
“Prácticamente la totalidad de los casos atendidos (97%) involucran situaciones de violencia psicológica, seguidos en prevalencia por aquellos casos de violencia física (88%). Más de una tercera parte de las denuncias involucran agresiones sexuales (37 %), aun cuando se presume que esta cifra puede ser más alta si se atiende al usual sub-registro que suele verificarse ante este tipo de violencia”, agrega el trabajo.