El tarifazo eléctrico sigue provocando reacciones en los usuarios y también en la Justicia. El juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó hoy suspender los aumentos o en las boletas de luz en Provincia de Buenos Aires y justificó la medida en que no se celebró "la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación".
Los amparos judiciales por tarifazos se muiltiplican.
La medida judicial comprende los incrementos producidos en las áreas donde prestan servicio las distribuidoras EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA.
El magistrado ordenó dejar sin efecto "la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia".
La norma afecta a cuatro empresas y beneficia a miles y miles de ciudadanos.
Por otro lado, solicitó que "se ordene a las empresas demandadas abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio".
Más argumentos
Según el magistrado, la resolución oficial "vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%".
Luis Federico Arias, el juez que ordenó la suspensión.
De esa manera, advirtió el juez, "los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia".