por Agustin Gulman
15 Diciembre de 2017 13:58
Ya sea mediante la sanción de la ley la semana que viene o por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno provocará una catarata de reclamos y presentaciones judiciales. La Defensoría de la Tercera Edad ya prevé solicitar la inconstitucionalidad, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos de la Seguridad Social anticipa que habrá decenas de amparos.
Caída la sesión de ayer en Diputados, durante largas horas se especuló con la firma de un DNU para avanzar sí o sí con la reforma impulsada por el Ejecutivo nacional. El decreto era un calco del proyecto del Gobierno, al que se le sumaba un bono para los jubilados que compensaría la pérdida con el cambio de la fórmula en la que se actualizan los haberes, en base a la inflación y la suba de los salarios formales.
Ayer se especuló con que la reforma podría salir por decreto.
Sea como sea, ya advierten por la catarata de presentaciones judiciales para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma. Si es vía decreto, aseguran, sería aún peor, ya que es inconstitucional legislar la previsión social de ese modo. Pero si avanza en el Congreso -una fecha tentativa era el lunes próximo, aunque está sujeto a negociaciones con gobernadores peronistas-, también habrá vía libre a las presentaciones ante el Poder Judicial.
El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, explicó a BigBang que eso podría ocurrir porque la actualización que está en discusión es regresiva. “La Argentina suscribió a un convenio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que obliga a fijar políticas activas progresivas”, remarcó el fiscal.
Por eso no descartó que pudiera haber una seguidilla de presentaciones. “Pueden venir muchos juicios”, señaló ante la consulta de este medio. El cálculo de la UFISES rondaba en torno a una pérdida mayor a los $ 600 por mes en la fórmula que prevé aplicar el Gobierno, siempre para el caso de las jubilaciones mínimas. “No me imagino denuncias penales, pero sí juicios en el juzgado de seguridad social”, agregó.
La reforma previsional abarca a unas 17 millones de personas.
De todos modos, otra fuente detalló que si es mediante un DNU sí es factible que se avance también en el fuero penal. De Vedia explicó que existe un “tratamiento desigual” con la reforma previsional, ya que quienes cobran las jubilaciones más alta no son alcanzados por la modificación.
Por su parte, la Defensoría de la Tercera Edad ya anticipa presentar un reclamo contra la reforma por inconstitucional. “No se puede restringir derechos que tengan adquiridos los adultos mayores, estamos frente a una pérdida clara de derechos”, señaló a BigBang su titular, Eugenio Semino.
Rubén Gioannini, dirigente de los jubilados, fue herido en la protesta de ayer.
Una estrategia que no descartaban era presentarse en nombre de todo el sector, aunque Semino cree que además habrá múltiples presentaciones de particulares y organizaciones sociales. Ocurre que si bien no se cobra Tasa de Justicia, sí es necesario contar con un abogado, al que no todos tienen un acceso sencillo. “Cuando las cuestiones sociales se resuelven vía judicial, son injustas y desigualitarias, porque el acceso al Poder Judicial es muy poco y en los sectores medios y altos. El Congreso es abstracto, y la Justicia es concreta”, graficó un abogado experto en cuestiones previsionales.
La reforma alcanza a unas 17 millones de personas, ya que no se trata únicamente de jubilados sino del sistema previsional en su totalidad. Esto abarca, además de jubilaciones, a las pensiones no contributivas, como veteranos de la guerra de Malvinas, entre otros; así como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. “Los beneficios que paga ANSES son 17 millones. Todos son afectados”, remarcó Semino.
Ayer hubo represión en los alrededores del Congreso, en pleno intento de debate parlamentario.
Hasta el momento, más allá de algunas presentaciones, el único amparo que hubo fue el que impulsó la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que pidió a la Justicia que ordenara la suspensión de la sesión de ayer. El fiscal dictaminó que sí, aunque el juez, hasta este mediodía, aún no había dictaminado. Aunque el reclamo fue muy cuestionado, el amparo se basaba en el “peligro de un daño inminente”.
