A menudo vemos en las noticias un caso estremecedor sobre violencia escolar. Incluso, hace pocos días nada más, un adolescente decidió terminar con su vida por no poder sobrellevar el hostigamiento permanente que sufría por parte de sus compañeros de clase. La muerte de Leonela Gómez Vivero, quizás pueda inscribirse en esa lógica, ya que se presume se trató de un suicidio.
Frente a ésto, la sociedad se conmueve por algunos instantes pero la realidad, el día a día de quienes son maltratados, no cambia en lo absoluto.
Para tomar dimensión de la problemática en cuestión debemos tener en consideración que la Argentina lidera el ranking de insultos y agresiones físicas en los colegios (UNESCO) y que 4 de cada 10 estudiantes secundarios admite haber sufrido acoso escolar (ONG “Bullying sin fronteras”).
El 70 % de los chicos tiene conocimiento de peleas.
Más reveladores son los datos aportados por el estudio sobre conflictividad y violencia en las escuelas secundarias (de gestión pública y privada) del Área Metropolitana de Buenos Aires realizado por UNICEF y FLACSO en 2009, del cual se desprende que:
El 66% de los alumnos tiene conocimiento de situaciones constantes de humillación, hostigamiento o ridiculización;
El 18% reconoce sufrir burla de manera habitual por alguna característica física; el 16,4% comentarios desagradables en público (con mayores proporciones en escuelas privadas); el 9,5 tratados de manera cruel (con mayor nivel en escuelas privadas) y el 5% haber sido obligados a hacer algo contra su voluntad;
El 3,1% declara haber sido tocados o tratados de tocar de manera sexual en contra de su voluntad de manera habitual o mas de una vez;
El 70,8% de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre alumnos en la escuela;
El 10,1% de los alumnos afirma tener conocimiento o haber escuchado que alguien haya llevado algún arma de fuego a la escuela;
Un 36,4% asegura tener conocimiento o haber escuchado que alguien haya llevado algún arma blanca a la escuela.
Desde un análisis rápido y frío de las estadísticas se concluye indefectiblemente que estos “números” no deben ni pueden ocultarse, negarse ni subestimarse. Muy por el contrario, deben resultar una alerta para todos los “adultos responsables”, sean éstos institucionales - docentes, directivos y autoridades políticas locales y nacionales - como familiares, sólo así se podrá recuperar a la escuela como ámbito de socialización y de contención por excelencia.
En materia legislativa, a nivel nacional se ha sancionado la Ley 26.892 de “Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas” y legisladores porteños han tratado de avanzar -infructuosamente- en el mismo sentido pero los hechos demuestran que para el Estado (en sentido amplio) la violencia escolar continúa siendo una “materia pendiente”, sin tener en cuenta que sobre la base de la educación actual se construye la sociedad del futuro.