14 Junio de 2016 11:43
No es mi intención desacreditar o desmerecer el trabajo que lleva a cabo la Iglesia Católica en nuestro país, como tampoco tengo conflicto ideológico alguno con la fe católica que no profeso pero si comparto en muchos aspectos. Mi deseo es que como ciudadanos podamos ser protagonistas de la argentina que queremos sabiendo escuchar y ser escuchados.
Este escrito es una solicitud hacia quienes nos representan en el congreso para que revean esta situación que ya ha tenido cuestionamientos en otros tiempos pero que hoy sigue sin resolverse y de la que nadie quiere hacer mención. También es una denuncia hacia la sociedad que paga con sus impuestos un servicio que no solicitó y que muchos no saben cuánto es exactamente ni en concepto de que.
Para entender de que hablamos, existen por lo menos tres razones a mi entender por las que el estado no debería financiar a la Iglesia Católica.
1ra Razón: La transferencia de fondos del estado a otro estado que es el Vaticano. Como sabemos, todo funcionario de la Iglesia Católica no es considerado como un funcionario público; no presenta DDJJ, no paga IVA ni cumple con ninguno de las obligaciones de un funcionario público ¿Por qué? Porque no es un funcionario del estado, sino un funcionario del Vaticano, es decir de otro estado. Como somos un estado soberano y no nos arrodillamos ante nadie, tampoco deberíamos hacerlo ante el Vaticano.
2da Razón: Leyes antidemocráticas. El aporte que el estado nacional hace a la Iglesia Católica es producto de la aplicación de 5 leyes sancionadas en los gobiernos de facto de Videla, Galtieri y Bignone; durante la última dictadura militar. Las leyes son: - Ley 21950. Establece una asignación del 80% de un juez nacional en primera instancia para los obispos. (Firmado por Videla en 1979) -Ley 21540 Establece una jubilación para obispos equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional en primera instancia. (Firmado por Videla en 1982) -Ley 22162 Establece una ayuda económica para establecimientos religiosos en zona desfavorable (Firmado por Videla en 1980) -Ley 22950 Establece un sueldo para los seminaristas equivalente a la categoría 10 de un empleado de administración pública nacional. (Firmado por Bignone en Octubre de 1983) -Ley 22430 Establece jubilación graciable (sin aportes) para obispos de más de 65 años o con incapacidad y que hayan ejercido el sacerdocio en el país por un lapso no menor a 5 años. (Firmado por Videla en 1981).
Como podemos ver, todas estas leyes se llevaron a cabo a espaldas del país, no es mi función aclarar temas que ya conocemos como lo sucedido entre 1976 y 1983 pero debemos como país darnos el debate no solo de los derechos humanos que fueron violados durante ese período sino también de cada decisión tomada por el gobierno en ese tiempo y que dañó al país, no solo a la democracia sino a la transparencia de las intituciones; un ejemplo es este.
3ra Razón: La función del estado y la función de la iglesia. Es vital para la vida de la Iglesia Cristiana en general tener un rol separado del estado, por una cuestión de finalidad. Es verdad que en algún punto del camino las acciones del estado y de la iglesia pueden converger, pero su fin es distinto. Mientras el estado administra los recursos materiales y humanos en beneficio de la gente, la iglesia administra la gracia de Dios para que el ser humano pueda alcanzar la redención. Jesús dijo: “Dad a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios”, cuando juntamos las dos instituciones damos lugar a que la misma corrupción que hay en el estado la halla en las iglesias. Esto mismo pasaba en la época de Jesús cuando la curia religiosa representada por Fariseos y Saduceos, llena de corrupción tramó matar a Jesús para no perder poder.
La Iglesia no debe recibir dinero del Estado porque no está llamada a servir al estado sino a Dios, cuando pierde esa visión pierde su razón de ser y cae en el mismo juego de la política: la lucha por el poder.
Ningún estado debe mantener los gastos de la religión de la gente sino debe atender a las necesidades físicas y sociales de la gente, todo gasto que el estado realice debe rendir cuentas y la gente tiene el derecho de saber en que se utilizan los fondos públicos como también la gente tiene derecho a opinar sobre el uso de los mismo.
Por otra parte, ninguna iglesia debe recibir dinero del estado para su funcionamiento sino de la gente misma porque eso es digno y Dios así lo manda (Exodo 25.1-2, Mateo 12.17, 1 Corintios 16.2, 2 Corintios 9.1-7 etc), está en la biblia y la iglesia para funcionar como tal debe cumplir con dichos mandatos o dejar de ser iglesia para ser solo una ONG.
En beneficio tanto del estado como de la iglesia es que escribo esto y les pido a todos aquellos que leen y están de acuerdo; que lo compartan para que este debate llegue a donde tiene que llegar.
