03 Febrero de 2015 11:31
En la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman sí consta un pedido de allanamiento a la casa del cancillerHéctor Timerman y de los demás acusados de supuestas maniobras para encubrir a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA, a excepción de la presidenta Cristina Kirchner.
Se trata de las medidas solicitadas por el fiscal Nisman y que habían sido tachadas por el juez Ariel Lijo cuando dio a conocer públicamente la denuncia en el Centro de Información Judicial (CIJ).
En la presentación de unas 300 carillas, el fiscal reclamó registros domiciliarios de Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque; del dirigente Luis D'Elía; el líder de Quebracho, Fernando Esteche; el "espía" Ramón Allan Bogado, y Jorge Khalil, a quien Nisman había sindicado como representante de los iraníes en la Argentina.
También pidió la indagatoria de todos ellos junto a la de la presidenta Cristina Kirchner y los embargos de hasta 200 millones de pesos. En la causa no consta ningún pedido de detención a la Presidenta, como se sospecha sí lo había evaluado Nisman a raíz del hallazgo en su departamento de un borrador que iría en ese sentido.
La denuncia recayó ante Lijo, donde Nisman la presentó al considerar que había conexidad con una vieja causa que tenía en su poder por irregularidades en la causa AMIA.
Pero Lijo se declaró incompetente y la mandó a sorteo, tras lo cual recayó en el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, quien está de licencia hasta el 20 de febrero próximo. Rafecas es subrogado por el juez Sebastián Ramos, y varias fuentes consultadas por la agencia NA aseguran que el primero de ellos -anticipándose a que podía recaer en su juzgado la denuncia- dejó preparado un borrador en el que rechaza intervenir.
Ramos estaba de licencia por enfermedad y retornó este martes a su despacho, por lo que en las próximas horas se prevé firme el rechazo de la competencia y devuelva la causa al juez Lijo. De esta manera terminará siendo la Cámara Federal la que determine qué juez es competente y, una vez definido ello, se resolverá si se da curso a la denuncia de Nisman.
