El presidente de la Nación lo llamó "idiota". Los zócalos de Crónica TV le dicen "el boludo". Es él, Federico Llamas, también conocido como "el surfer", en la más piadosa de las denominaciones que la opinión pública eligió para él. No le va a salir barato el chiste de violar dos veces la cuarentena: la primera, al venir desde Brasil; la segunda, al irse a Ostende. Ahora el juez Alejo Ramos Padilla le dictó un embargo preventivo de 500 mil pesos, le secuestró su camioneta Ford Explorer y hasta las tablas de surf que le dieron estatura mítica, en el sentido más subnormal de la palabra. Y no sólo eso: podría ir preso hasta 15 años.
La resolución de Ramos Padilla es particularmente severa. “El Sr. Federico Llamas -domiciliado provisoriamente en la localidad de Ostende, Partido de Pinamar- habría sido detectado, en una primera oportunidad, por personal de la Prefectura Naval Argentina en el peaje de Hudson de la autovía 2 rumbo a la costa atlántica y habría sido conducido por la fuerza pública hacia su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que se habría constatado que había regresado recientemente desde la República Federativa de Brasil, por lo que podría haber infringido el aislamiento obligatorio de personas que hayan regresado a nuestro país en los últimos 14 días desde zonas consideradas riesgosas para la propagación de la pandemia COVID-19, Asimismo, en el día de la fecha se corroboró que, pese a ello, Llamas se encontraba en la localidad de Ostende, por lo que - de algún modo- vulneró los controles previstos y se dirigió nuevamente hacia la Costa Atlántica, pese a que ya había sido notificado por las fuerzas de seguridad que ello constituía una violación al mencionado aislamiento obligatorio, lo que implicaría la nueva comisión de un delito, por lo que corresponde la formación de la presente causa penal incoada en su contra para investigar su posible conducta ilícita”, señala.
Como el surfer debe mantener un aislamiento absoluto durante 14 días y ni siquiera puede ir al almacén de la esquina, Ramos Padilla le ordenó al intendente de Pinamar que -a través de la ecretaría de Salud municipal y/o de Desarrollo Social y/ las demás dependencias que considere adecuadas, tome “las medidas sanitarias que pudieren corresponder al caso a los fines de constatar la presencia del COVID-19 en la persona imputada y en los eventuales co-habitantes de la vivienda”, es decir que alguien de la municipalidad vaya a la carnicería, a la verdulería y al almacén para que el surfer pueda alimentarse, bañarse, etc. Como esto ocasiona un gasto importante al Estado -desde el trabajo de quienes deberán asistirlo durante la cuarentena hasta el papeleo judicial que generó- puede ir despidiéndose de su camioneta y de sus queridas tablas de surf.
De este modo, el surfer acumula dos causas penales: la primera la inició el juez de San Isidro Lino Mirabelli por su llegada desde Brasil. La segunda es la de Ramos Padilla, quien lo acusa de resistencia a la autoridad, de desobedecer el DNU que impide la propagación de una epidemia, y de propagar "una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", delito que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.