Luego de los incidentes del último sábado 24 de noviembre, cuando el micro que trasladaba a los jugadores de Boca al Monumental fue atacado por hinchas de River, el presidente Mauricio Macri anunció que incluirá en el temario para sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para combatir la violencia en el fútbol.
El proyecto de ley completo
El proyecto de ley para prevenir y reprimir delitos en espectáculos deportivos by Alejo German Paredes on Scribd
El proyecto, al que tuvo acceso BigBang, busca implementar un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos llamado “Régimen penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos”.
En el escrito, se detalla que la actual ley N° 23.184 que estableció el Régimen penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculo, la cual fue sancionada en 1985, quedó “desactualizada” en lo que refiere a eventos futbolísticos.
En el proyecto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y del jefe de Gabinete Marcos Peña, prevé la tipificación de nuevas conductas que se producen de manera habitual en los eventos destinados exclusivamente al fútbol.
De esta manera, busca sancionar por su “gravedad” la venta de entradas no autorizadas o falsas, la facilitación de ingreso a los estadios sin contar con las entradas correspondientes, el cuidado de vehículos (los llamados trapitos), el entorpecimiento del transporte, y el peligro de aglomeración o avalancha; todo ello en el ámbito de aplicación definido en el proyecto de ley.
El documento detalla que se entiende como espectáculo futbolístico aquel evento deportivo cuyo objeto sea la realización de un partido de fútbol ya sea oficial, amistoso, nacional o internacional entre equipos asociados a la AFA, Conmebol o FIFA y exige que las penas mínimas y máximas en este entorno se incrementen en dos tercios y en un tercio, respectivamente.
De esta manera, se impondrá prisión de tres a seis años, si no resultare un delito más severamente penado, al que tuviere en su poder armas blancas, piedras, botellas, artefactos químicos, de pirotecnia; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, en las circunstancias del artículo 1° de la presente ley.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley prevé penas de cuatro a ocho años de prisión para aquellos que tengan en su poder elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos, y para el que con o sin autorización legal tenga en su poder armas de fuego de uso civil. La pena será de cinco a diez años de prisión, si el arma de fuego es de “guerra” o si se utilizan artefactos explosivos.
Las penas también se implementarán para “los protagonistas u organizadores que consintieren guardar en el estadio, predio o lugar del espectáculo futbolístico, las armas blancas, las armas de fuego, instrumentos, artefactos o elementos mencionados”.
Siguiendo esta línea, se les pide a los protagonistas u organizadores que den conocer la existencia y lugar de guarda de estos elementos y que los denuncien a la autoridad competente. De lo contrario, la pena será de dos a cuatro años de prisión. “En todos los casos se procederá al secuestro de las armas blancas, armas de fuego, artefactos u elementos", señala el proyecto.
Para aquellos que generen disturbios dentro o fuera de las inmediaciones de un estadio, le cabrán penas de 3 a 6 años de prisión. “Si el hecho se llevare a cabo con la utilización de armas las penas mínimas se incrementarán en dos tercios y las penas máximas se incrementarán en un tercio”, señala el proyecto de ley presentado este mismo miércoles.
Además, la reventa será castigada de 2 a 4 años. “Se impondrá prisión de un mes a un año al que, sin autorización y con fines de lucro, vendiere entradas para los eventos futbolísticos. Si la comercialización se realizare en las inmediaciones del estadio, la pena se elevará al doble. La pena será de 3 a 5 años de prisión”, si el organizador es parte de este delito.
Por último, entre otros delitos que estipula el proyecto de ley, los llamados trapitos recibirán una pena de uno a dos años, la cual podría ascender de tres a cinco cuando “esa actividad se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable”, y la venta de entradas falsas contempla una pena de dos a seis años de prisión o de tres a ocho, si el responsable es el organizador del evento.