08 Agosto de 2023 13:12
Mientras que Emiliano “Dibu” Martínez se encuentra en Reino Unido disputando la Premier League con el Aston Villa, totalmente desligado de las problemáticas que suceden en su país de origen, en Argentina su familia vive otra realidad que roza el escándalo: le allanaron el negocio a su hermano por presunto contrabando agravado.
El hecho tuvo lugar en Mar del Plata, ciudad en donde nació el arquero de la Selección y en el cual posee más de un reconocimiento. Murales en las calles, una gigantografía de él atajando en la Plazoleta Astor Piazzolla de la diagonal Alberdi y Corrientes y como si fuera poco, en el centro de la ciudad, no de manera oficial, la avenida principal Peralta Ramos también lleva su nombre como punto de encuentro.
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A esta altura, se podría decir que el nombre de Dibu es sagrado en la ciudad marplatense, aunque en las últimas horas su apellido fue divulgado por un escándalo que envuelve a toda su familia. ¿Qué sucedió? En el 2019, Alejando Fabián Martínez, hermano del arquero, creó una empresa familiar llamada Saori S.A junto a su esposa, Ludmila Fernández Alimenti, en el cual poseen una pescadería con venta al por mayor que al día de hoy se encuentra siendo investigada por contrabando.En los últimos días, personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal Argentina realizaron un masivo operativo por presuntas maniobras de fraude en pescaderías y frigoríficos de la ciudad. Para ello, allanaron 23 locales y una de ellas fue nada más ni nada menos que de la familia Martínez.
Lo que se evalúa en la causa investigada es la posibilidad de que haya habido fraudes en los comercios de comida refrigerada y pescaderías, por lo cual buscan determinar si las firmas que llevaban consigo los papeles ejecutados durante todos estos años tienen una subfacturación en operaciones de exportación.
Son tres los delitos por los que comenzó a realizarse la investigación y en todas las ocasiones se repite el mismo ítem “código aduanero” y lo acompaña “contrabando agravado”. Para aquellos delitos, según la ley, se advierten diversas penas establecidas que deben otorgarse desde los dos hasta los 10 años de prisión.
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En la infracción del Artículo 864, se comprende una pena de dos a ocho años de prisión y la misma detalla que eso se llevaría a cabo en caso de “cualquier acción u omisión que impida o dificulte el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación”. Mientras que en el Artículo 865, serían de cuatro a 10 años, por “documentos adulterados o falsos”.
