Día clave. Mauricio Macri y su nuevo equipo económico tendrán sólo una semana para analizar la situación financiera del país y viajar a Nueva York para sentarse por primera vez en la mesa de negociaciones del juez Thomas Griesa. La cita será el 17 de diciembre y, según anticipó el letrado estadounidense, la agenda es clave: determinar más bienes embargables.
Negociación K: el reclamo comenzó con 1.5 millones y escaló a 8 mil en sólo cuatro años.
El diálogo con el nuevo gobierno llega en un momento tenso. El 28 de octubre, casi un mes antes de las elecciones presidenciales y luego de un polémico pedido de los fondos buitre de incluir a los “mee too” en el pago total, la gestión de Áxel Kicillof solicitó posponer la audiencia para diciembre y dejar en manos de la nueva gestión la resolución del litigio.
Grisa aceptó el pedido de la Argentina, pero devolvió gentilezas: aunque pocos lo esperaban, sólo dos días después de la solicitud del ministro de Economía, el juez extendió la sentencia original (que había favorecido sólo a los fondos NML Capital y Aurelius) e incorporó 49 causas más contra el país. Así, incrementó a 8 mil millones de dólares la deuda que el país negocia en la corte de Estados Unidos.
El gobierno de CFK pateó la última audiencia y dejó todo en manos del nuevo gobierno.
Este fue el primer fallo negativo para la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, después de una serie de sentencias favorables. El cuatro de octubre, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York ratificó la decisión de Griesa de impedir que el Banco de Nueva York pagara con fondos del país la deuda con los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010. El tribunal apeló entonces a la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera.
Lo mismo había sucedido el 15 de septiembre, cuando la Corte de Apelaciones rechazó la decisión de Griesa de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron a la Argentina en 2002 por incumplimiento de deuda.
El último fallo de Griesa fue a favor de los holdouts: incrementó la deuda del país.
La determinación llegó sólo cuatro días después de que la Organización de las Naciones Unidas aprobara una resolución que establece nuevos principios para la reestructuración de deudas, iniciativa impulsada por Kicillof en su última visita a la Gran Manzana.
El reclamo original de los buitres comenzó en 2010 y fue de 428 millones de dólares que, al momento de establecer la demanda, la Justicia estadounidense advirtió que ascendían a 1.500 millones por los capitales e intereses punitorios acumulados. La mesa de negociación que encuentra el nuevo gobierno es otra: el reclamo ahora es de 8 mil millones de dólares y podría seguir subiendo.