07 Diciembre de 2016 17:23
El presidente Mauricio Macri, el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay fueron imputados hoy en una causa por la emisión de más de 685 mil millones de pesos de títulos de deuda de corto plazo (LEBACS), con tasas de hasta el 40 por ciento anual, y títulos públicos con eventuales perjuicios para las arcas públicas.
La causa se originió en una denuncia de diputados del Frente para la Victoria, quienes sostuvieron que con la emisión de Lebacs por parte del Banco Central con altas tasas de interés se captaron pesos en el circuito financiero que de esa forma no se refugiaron en el dólar, por lo que los funcionarios habrían manipulado “el verdadero valor de la divisa”.
La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez Daniel Rafecas impulsar la denuncia que radicaron los diputados kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti, y Rodolfo Tailhade por administración infiel en perjuicio del Estado.
En su denuncia, los legisladores solicitaron a la Justicia usar los mismos argumentos y fundamentos jurídicos esgrimidos por el juez Claudio Bonadio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa del llamado dólar futuro por la que fue procesada junto al ex ministro de Economía Axel Kiciloff y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli.
En el dictamen presentado hoy, Ochoa analizó que, de acuerdo a la denuncia, “la emisión abusiva de ambos títulos de deuda pública -tanto LEBAC como bonos de la deuda externa- habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado Nacional en beneficio de determinados grupos económicos quienes, ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado y frente a la venta indiscriminada de esas divididas por parte del BCRA, aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores fictos (sic) y sin límite alguno que luego fugaron del sistema financiero argentino”.
Frente a ello, Ochoa requirió una investigación para saber si 'los sucesos ocasionaron o siguen causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público”.
La causa está en manos del juez Rafecas.
“Los denunciantes manifestaron que los funcionarios públicos imputados, a fin de mantener artificialmente bajo el tipo de cambio de dólar respecto de la moneda nacional, se valieron de un incremento exponencial del proceso de endeudamiento externo del país. De ese modo, los imputados, con el único objetivo de contener el tipo de cambio del dólar en un rango inferior al real, habrían contraído mas de 40 mil millones de dólares de endeudamiento externo, cuyos fondos se malvendieron a petición de ciertos sectores de la economía que de esa manera alcanzaron a dolarizar sus activos a costo considerablemente menores a los de mercado', afirmó la fiscal.
Solicitó en ese sentido medidas de prueba, como copias de la compra de dólar futuro y la contra-denuncia de dólar futuro e informe a las entidades correspondientes sobre la nómina de personas físicas y jurídicas que adquirieron Lebacs desde el 10 de diciembre hasta el presente (sobre todo las mil que mayor volumen de bonos operaron).
La denuncia es similar a la que tiene Bonadio por el dólar futuro.
También la nómina de entidades y personas que compraron bonos del tesoro nacional en el mismo plazo, con el mismo de criterio de las que operaron mayor volumen.
Además solicitó datos al BCRA sobre el volumen de Lebacs y bonos ofrecidos y enajenados sobre ese periodo, la evolución de valores y letras y un detalle histórico de ese tipo de operaciones, entre otras diligencias.
Ochoa solicitó al Ministerio de Hacienda y Finanzas que informe la totalidad de la deuda externa emitida desde el 10 de diciembre, detallando la tasa de interés fijada en esos bonos y los plazos de amortización.
Por último dispuso que se tomen declaraciones testimoniales al diputado de Cambiemos Eduardo Conesa, al economista Martín Polo y cuatro periodistas especializados.
