Hace poco menos de dos años el tema de las tarifas también estaba en boca de todos los medios debido a los importantes aumentos propuestos por el gobierno. Si bien todos concuerdan con que el ajuste es algo lógico y necesario en una economía inflacionaria como la argentina, la discusión sobre cómo hacerlo y cuánto modificar sus valores sigue generando un gran debate.
El gobierno sigue firme en su posición intentando acercar rápidamente el valor de las tarifas al verdadero costo real de los servicios. Detrás de esta idea no sólo está el objetivo de mejorar la capacidad de generación de energía del país sino también el de virar hacia una visión más federalista del costo de los servicios públicos y, por supuesto, la reducción del déficit fiscal ya que los subsidios económicos representan una gran proporción del déficit y su disminución contribuiría para alcanzar la nueva meta fiscal.
Si pensamos a los valores de las tarifas desde un punto de vista más estructural de la economía, un aspecto importante para determinar si los ajustes son pertinentes consiste en observar la evolución de los precios de las mismas desde 2002 hasta la actualidad y compararlos contra la evolución de los precios de la economía. Si bien esta mirada no contempla la evolución de los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, brinda una perspectiva interesante de largo plazo.
Tomemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde los subsidios a las tarifas residenciales fueron los más importantes. En el caso de la tarifa de electricidad, ésta se mantuvo en línea con la inflación hasta el 2008, luego se congeló. Las tarifas de gas y agua, por su parte, se mantuvieron constantes por más de 10 años, iniciando los ajustes en 2013. En el año 2015 las tarifas registraban un atraso promedio del 80% respecto al índice de precios. A partir de entonces, con la llegada del nuevo gobierno el ajuste fue muy importante, especialmente en las tarifas de electricidad que se incrementaron en promedio un 1.000% y lograron superar al IPC. En el caso de agua y gas, el incremento también fue muy significativo (371% y 560%, respectivamente) pero todavía se ubican un 53% y 37% por debajo del índice general de precios.
Los recorridos de la inflación y las tarifas.
La principal crítica del gobierno al proyecto de la oposición fue el impacto fiscal. El proyecto opositor proponía que las tarifas se retrotraigan a noviembre de 2017. Luego las tarifas residenciales se ajustarían en la misma medida que los hacen los salarios y las tarifas para las PyMEs lo harían en base a los precios mayoristas. Si bien la lógica del proyecto opositor era razonable, esto sería ideal en un contexto donde no haya subsidios importantes en los precios. En la situación actual, esta propuesta no permitiría el ajuste gradual de subsidios pretendido por el gobierno impidiendo así mejorar las cuentas fiscales y manteniendo inalterado el valor de las tarifas en términos reales.
Desde el Ministerio de Energía estimaban que la implementación de ese proyecto generaría un costo fiscal total de $170 mil millones en los próximos 2 años ($80 mil millones en 2018 y $90 mil millones en el próximo año). Según un informe del IARAF, el costo fiscal en 2018 de este proyecto sería del 0,7% del PBI, magnitud equivalente a la mitad del esfuerzo fiscal requerido para cumplir la nueva meta de déficit primario del 2,5% del PBI.
La última oferta mediadora del gobierno consistía en mantener los ajustes tarifarios pero reducir a la mitad el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua prorrogables por doce meses. El proyecto incluía también la reducción de 27% al 12% el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia el Estado resignaría la recaudación de unos $20.000 millones.
Finalmente el gobierno ha vetado el proyecto aprobado por el Congreso y por lo tanto, los aumentos tarifarios seguirán vigentes. El impacto del aumento de las tarifas será sin dudas importante alejando al gobierno aún más de la meta inflacionaria del 15%. El gobierno está detrás de lo que considera la causa fundamental de la inflación, a saber, el déficit fiscal. La idea del gobierno es que el impacto del ajuste tarifario sobre los precios sería sólo temporal, mientras que la reducción del déficit fiscal colaboraría con la deseada desaceleración de la inflación en el mediano y largo plazo. Recordemos el especial foco y preocupación que el gobierno tiene por el indicador de inflación núcleo el cual deja en claro la importante inercia inflacionaria aún presente.
El impacto social más relevante viene por el lado de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien el salario real se ha venido recuperando desde el segundo semestre del 2016, en los primeros meses de este año sufrió una caída importante y todavía se ubica por debajo del inicio de la gestión del gobierno. Mientras que el gobierno insiste en cerrar paritarias en 15%, la inflación esperada para este año estaría en torno al 25%, nivel similar al año pasado. Si el ajuste de tarifas se hace efectivo, en cambio, la inflación podría estar más cerca del 30%, el doble de la meta inflacionaria. La caída del salario real en este caso sería superior al 10% siendo aún más importante en el sector informal de la economía donde el poder de negociación del salario de los trabajadores es menor.
En resumen, si miramos a las tarifas desde una mirada de largo plazo, pareciera apropiado que el gobierno continúe con la corrección de los valores buscando equiparar su crecimiento con el resto de los bienes y servicios de la economía. Sin embargo, dado el enorme atraso registrado hasta diciembre de 2015, los fuertes aumentos posteriores implicaron un impacto muy importante en la economía de las familias y las PyMEs cuyos ingresos crecieron más en línea con la inflación general. A su vez, el impacto estuvo magnificado debido al elevado nivel de pobreza -aún presente- y a la difícil situación económica que vienen enfrentando las PyMEs durante los últimos años.
El principal desafío que enfrenta el gobierno en esta materia es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar significativamente en el salario real. La continuidad de las tarifas sociales es un punto clave que el gobierno deberá mantener en agenda si desea minimizar el impacto en los sectores más vulnerables.
*Investigador del Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.