A mediados de marzo y con la pandemia recién empezando en este lado del mundo, Jair Bolsonaro había dado a conocer públicamente que no tenía coronavirus luego de que su secretario de Comunicación, Fabio Wajngarten, diera positivo.
De aquel hecho pasaron más de 100 días y la actualidad de Brasil con respecto a la enfermedad es una de las peores del mundo. Ahora, se confirmó que Bolsonaro dio positivo y se convirtió en el primer presidente de la región con Covid-19.
El país vecino se convirtió en el nuevo foco de la pandemia en Latinoamérica y es el segundo país del mundo, tanto en casos como en decesos.
De hecho, ayer registró más de 26.000 nuevos contagios y sobrepasó la barrera de los 1,6 millones desde el comienzo de la enfermedad. El país contabilizaba 1.603.055 casos confirmados y más de 64.867 fallecimientos (602 en el último día), informó anoche el Ministerio de Salud.
En medio de este panorama, el presidente de Brasil dio a conocer el lunes que tenía fiebre y otros síntomas compatibles con el nuevo coronavirus, luego de calificar en reiteradas ocasiones al COVID-19 de ser una “gripecita”.
En diálogo con CNN Brasil, el mandatario señaló que llegó a tener 38 grados de fiebre y un alto porcentaje de oxígeno en sangre (96%), ambos síntomas compatibles con el coronavirus.
En ese sentido, remarcó que estaba tomando hidrocloroquina, un antipalúdico que él y sus colegas de Estados Unidos y Nicaragua, Donald Trump y Daniel Ortega, defienden para tratar la enfermedad.
El mandatario, de 65 años, relató que ya se sometió a un test en el Hospital de las Fuerzas Armadas y que estaba esperando el resultado, además de una resonancia magnética de los pulmones que, según él, le dio bien. Sin embargo, los resultados confirmaron que tiene coronavirus.
Asimismo, este fin de semana Bolsonaro se reunió con el embajador de Estados Unidos en Brasilia, Todd Chapman, con motivo de haberse conmemorado el sábado el Día de la Independencia estadounidense, y ambos conversaron sin ponerse tapabocas.
En ese contexto, Bolsonaro se convirtió en uno de los principales referentes internacionales de los sectores que niegan la gravedad de la pandemia y la efectividad de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Precisamente, este lunes, más temprano, el mandatario vetó la ley destinada a hacer obligatorio el uso de barbijos en las cárceles, igual que hizo la semana pasada con la norma que imponía esa precaución en comercios, iglesias y escuelas.
En paralelo, la ciudad de San Pablo, la más populosa y más afectada por la pandemia con 281.000 casos y 7.600 muertes, entró hoy en la tercera fase de flexibilización de las medidas de aislamiento con la reapertura de bares, restaurantes y salones de belleza, con un protocolo que incluye una serie de restricciones y horario de funcionamiento limitados.
El alcalde de San Pablo, Bruno Covas, alertó que esta nueva fase “no debe confundirse con la conmemoración del fin de la pandemia” y pidió a los paulistas que evitaran escenas como las de Río de Janeiro la semana pasada, cuando cientos de personas se aglomeraron sin tapabocas en las veredas del acomodado barrio de Leblon en la primera noche de reapertura de bares y restaurantes de la capital fluminense.
Esas imágenes coincidieron con la decisión del gobierno central de vetar las leyes que ordenaban usar tapabocas. Según el argumento del gobierno, la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados y propiedades privados podría incurrir en una “posible violación de domicilio” contraria a la Constitución.
Sin embargo, la mayoría de las normas vetadas por el mandatario en relación con el uso obligatorio de tapabocas estaba dedicada a espacios públicos o compartidos, no viviendas privadas. Brasil es el segundo país del mundo con más casos y muertos por la pandemia, sólo superado por Estados Unidos, que atraviesa también una curva ascendente y en donde el uso de tapabocas es igualmente un tema de polémica.
Los datos sobre la incidencia del coronavirus en el sistema de prisiones brasileño, uno de los más poblados y hacinados del mundo, con cerca de 750.000 presos, son 5.000 casos confirmados y 70 muertes. Los vetos de Bolsonaro ahora deben ser analizados por el Congreso, que si consigue los votos para alcanzar una mayoría especial podría anularlos.