La reciente crisis en la Asamblea Nacional venezolana demostró una vez más que la posición argentina ante el gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro es uno de los más delicados desafíos diplomáticos del gobierno de Alberto Fernández. Se trata de mantener un equilibrio que consiste en cuestionar al gobierno venezolano sin alinearse automáticamente con los Estados Unidos. La Argentina promueve una salida a la crisis venezolana basada en el diálogo entre las partes.
Una maniobra del gobierno venezolano desplazó recientemente a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional y designó en su lugar al chavista Luis Parra. Los opositores a Maduro denuncian que simplemente la Guardia Nacional le impidió entrar a Guaidó al recinto, por lo cual el acto legislativo carece de toda legalidad. El gobierno argentino condenó categóricamente el desplazamiento de Guaidó del parlamento, a través del canciller Felipe Solá: "Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad".
El gobierno argentino no define a Maduro como un dictador, como así tampoco reconoce a Juan Guaidó como presidente. Esto no quiere decir que piense que en Venezuela está todo bien, sino que no considera que el derrocamiento de Maduro sea la salida a la crisis.
La proclamación de Parra, a los empujones y ante las airadas protestas de la oposición, produjo un escándalo internacional. Guaidó y los suyos se dirigieron a sesionar en la redacción del diario opositor El Nacional. Mientras tanto, la Argentina formuló “un llamado a las democracias del mundo a que ayuden a facilitar ese proceso de diálogo para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la normalidad democrática que históricamente ha caracterizado a ese país”