La decisión de Mauricio Macri de convocar a las fuerzas armadas para participar en tareas de seguridad interna sin duda remite directamente al modelo mexicano de lucha contra el narcotráfico y a sus desastrosos resultados.
El problema del narcotráfico en México no disminuyó con el involucramiento de las fuerzas armadas.
Los efectos del plan están ampliamente reflejados en un informe elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización especializada en investigaciones y acciones de defensa de los derechos humanos.
De acuerdo a las conclusiones del relevo, la estrategia ha tenido al menos tres consecuencias de peso: aumento de la violencia y las violaciones a derechos humanos en México, disminución en la urgencia de una reforma policial, e inexistente rendición de cuentas sobre el accionar de los efectivos de las fuerzas armadas sobre sus acciones.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", subraya el informe.
Investigaciones aisladas y pocas condenas
En ese sentido, si bien una reforma al código de justicia militar mexicano facultó a las autoridades civiles a investigar a efectivos de las fuerzas armadas involucrados en delitos, hasta ahora esas investigaciones son sólo casos aislados en los que, según WOLA, no se demuestra "voluntad política de que haya justicia".
Sólo dos oficiales de jerarquía fueron condenados por la justicia mexicana.
Así, entre el 2012 y el 2016 la Procuraduría General de la República inició en México 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles, de las cuales la mayor parte (258) fueron por tortura. "Para el mismo periodo sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para estos casos en el sistema de justicia civil", señala el informe.
De estas condenas, sólo dos alcanzaron a personal jerárquico: un teniente coronel en Chihuahua, sentenciado por una desaparición forzada ocurrida en el 2009, y un subteniente de infantería por un caso similar ocurrido en Nuevo León en el 2012.