Con las denuncias por corrupción e irregularidades sobre sus espaldas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comienza una semana clave en su mandato: se espera que en las próximas horas, la oposición inicie en el Congreso el pedido de impeachment - juicio político - por supuestas irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De este modo, la presidenta elaboró durante el fin de semana la estrategia para enfrentar una semana que podría sumarle aún más tensión al panorama político de Brasil, que ya enfrenta una estampida económica y masivas movilizaciones en contra del Gobierno.
Miles de personas se movilizaron para pedir el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil.
La clave estará en la decisión que atome el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que en otro tiempo fue cercano al oficialismo, pero ahora, acorralado por denuncias de corrupción en su contra, podría hacer lugar al pedido de juicio político elaborado por un jurista, Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores.
De todos modos, aunque el pedido de impeachment sea rechazado por el diputado Cunha, el resto de los partidos opositores podría iniciar su propio pedido de juicio político. Siempre con el eje en las cuentas de la mandataria, la oposición apunta a las irregularidades en materia fiscal y desde el Gobierno ya analizan cómo enfrentar la demanda. De hecho, ayer Rousseff se reunió con su jefe de Gabinete, su ministro de Justicia y el secretario de Gobierno.
El diputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, fue acusado de “rebelde” por el PT.
Lo cierto es que Cunha definirá hoy si acepta o rechaza el pedido de juicio político. En el Gobierno especulan con que debido a las denuncias por corrupción que pesan contra el dirigente, a quien se acusa de haber recibido unos cinco millones en el esquema de corrupción en la empresa Petrobras, pueda reaccionar con ánimo de venganza.
Si la denuncia avanza en el Congreso, Brasil podría enfrentar una crisis política. En caso de aceptar el pedido, el proyecto necesitaría de dos tercios de la cámara para ser aprobado. Si eso ocurre, Rousseff sería destituida hasta que se produzca la votación en el Senado, en un período que no podría ser superior a los 180 días. En ese caso, asumiría la presidencia el vice, Michel Temer.
Dilma, junto a su vice, Michel Temer. Aseguran que su campaña fue financiada con dinero del petróleo.
Ya sea por las demandas del diputado Cunha o por la presentación de una iniciativa por parte de los partidos opositores, el mayor fundamento para solicitar la destitución de la mandataria está anclado a una resolución del Tribunal de Cuentas de la Unión, que rechazó los balances contables de 2014 presentados por Dilma en el último año de su primer mandato: allí se asegura que la jefa de Estado violó la Ley de Responsabilidad Fiscal al retrasar transferencias a bancos públicos para esconder el déficit.
Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral inició la semana pasada una investigación contra Rousseff y su vice por las denuncias de que la campaña del año pasado - cuando Dilma fue reelecta -, estuvo financiada por dinero desviado de la red de sobornos vinculados al petróleo. Si se comprueban los delitos, debiera ser impugnada la fórmula elegida y asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, que deberá convocar a elecciones a los 90 días.
Gustavo Segré - corresponsal en BrasilFuente: Radio Mitre