El uso de drones en el país aún se encuentra en un proceso de reglamentación con respecto a los requisitos obligatorios para poder utilizar estos dispositivos. Estos requieren, entre otras cosas, exámenes psicofísicos y controles de alcoholemia para quienes quieran operar estos vehículos aéreos no tripulados.
Sin embargo, en la capital japonesa la historia es bien diferente. La policía de Tokio lanzará un escuadrón drones diseñados para ubicar y capturar a otros vehículos aéreos que sean considerados molestos o simplemente sobrevuelen espacio restringido.
Esto se debe a que en abril de este año, un drone cargado con una pequeña cantidad de arena radioactiva sobrevoló el techo de la oficina del primer ministro de Japón. Este acto de protesta contra las políticas de energía nuclear alertó a las autoridades ante futuras amenazas.
Estas nuevas unidades policiales sobrevolarán edificios importantes como el despacho del primer ministro, y si detecta un dispositivo sospechoso, el operador del mismo será advertido a través de altoparlantes. Pero si el dueño no responde, la policía lanzará drones equipados con redes para tumbarlo.
El dron policial tendrá una red para poder cazar a los otros dispositivos.
“Los ataques terroristas utilizando drones son una posibilidad muy real”, explicó un miembro de alta jerarquía del departamento de la policía de Tokio al sitio Asahi Shimbun y aseguró que esperan “defender a la nación” con los mejores resultados posibles.
En Japón es ilegal pilotear drones sobre aeropuertos, centrales eléctricas, calles o por encima de una altura de 150 metros. Según indicó Paul Haswell, miembro de la firma de abogados Pinsent Masons, al sitio BBC, algunas ciudades como Tokio y Osaka también “prohibieron” su uso en parques.
Serán interceptados los drones que no cumplan con los requisitos.
La fabricación de drones se convirtió en un negocio multimillonario de escala mundial. Por este motivo, las reglas sobre su uso se están volviendo más estrictas en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades solicitaron que se cree un registro de los propietarios de los dispositivos en todo el país.